QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Abogacía del Estado ha propuesto una sentencia de tres años y nueve meses de prisión, además de una multa de 448.000 euros para Alberto González Amador, compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso, implicado en una investigación por presunta evasión fiscal durante los años 2020 y 2021, llevada a cabo por la jueza Inmaculada Iglesias.
Según las conclusiones preliminares a las que tuvo acceso Europa Press, se pide procesar a González Amador por dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. Para el año 2020, la pena sugerida es de 1 año y 9 meses de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena, y una multa igual al monto defraudado (155.000 euros).
Por otro lado, para el año 2021, se solicita una pena de dos años y un día de prisión, con las mismas condiciones de inhabilitación y una multa del 150% de la cuota defraudada.
Esta solicitud se ha hecho en la etapa intermedia del proceso, después de que la jueza decidiera seguir adelante con el procedimiento abreviado.
DENUNCIA DE LA FISCALÍA
La apertura del caso fue resultado de una denuncia del Ministerio Fiscal, centrada en presuntos delitos relacionados con el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021. El 24 de febrero, González Amador optó por no declarar, siguiendo el consejo de sus abogados, pendiente de un recurso sobre la apertura de una pieza separada.
Una semana más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la investigación de otros posibles delitos penales. Durante su testimonio, González Amador justificó los ingresos recibidos de Quirón Prevención y rechazó haberlos ocultado mediante una supuesta entidad instrumental para eludir sus responsabilidades fiscales.
La denuncia inicial de la Fiscalía se basó en un informe de la Agencia Tributaria que señalaba «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades» con el propósito de reducir el pago correspondiente al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Posteriormente, en 2022, la Fiscalía recibió un informe sobre la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, indicando indicios de delito en relación al Impuesto Sobre Sociedades de esos años, con un fraude fiscal estimado por la Inspección de Hacienda en más de 120.000 euros y un posible delito de falsedad documental por facturas no acordes a servicios reales, destinadas a disminuir la cuota tributaria.
