El Tribunal Supremo ha decidido encarcelar a José Luis Ábalos, ex ministro, y a su asesor Koldo García, de forma provisional y sin posibilidad de fianza debido al riesgo “extremo” de que ambos puedan fugarse. Esta medida se toma en vista de la cercanía del juicio que enfrentarán por supuestos amaños en contrataciones públicas de material sanitario, donde se enfrentan a penas que podrían alcanzar hasta los 30 años de prisión. Es la primera vez que un diputado en activo es encarcelado.
Leopoldo López, magistrado encargado del ‘caso Koldo’ en el TS, ha explicado que la evidencia de graves delitos y el elevado riesgo de fuga han hecho insuficiente mantener las anteriores medidas cautelares, que incluían la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales.
Por su parte, el magistrado Puente ha informado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, sobre esta decisión, siguiendo el procedimiento legal, y ha señalado que Ábalos y García estaban ya cerca de enfrentarse a juicio.
La revisión de las medidas cautelares precedentes se ha llevado a cabo en vistas recientes, donde se aceptaron las solicitudes del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares lideradas por el PP, que demandaban prisión ante el inminente juicio y el riesgo incrementado de fuga.
Ábalos, quien llegó primero al tribunal, ha asegurado al final de la vista que no planeaba fugarse, expresando: “No tengo dinero ni a dónde ir”, mientras su abogado, Carlos Bautista, defendía su permanencia en libertad, citando su rol como diputado y argumentando que encarcelarlo antes del juicio sería una vulneración de sus derechos políticos.
Koldo también aseguró su permanencia en el país, indicando: “No me voy a ir a ningún sitio”. Durante la sesión, su defensa intentó desafiar la jurisdicción del TS y solicitó trasladar el caso a la Audiencia Nacional, alegando arraigo familiar de su cliente.
El fiscal se mostró firme, especialmente durante la vista de Ábalos, destacando que su posición en el Gobierno facilitó los delitos imputados. “Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal”, afirmó, subrayando la neutralidad de la justicia.
A UN PASO DE JUICIO
El juez Puente propuso el pasado 3 de noviembre llevar a juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por presuntos cobros de comisiones en la asignación de contratos de material sanitario durante la pandemia. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, mientras que las acusaciones populares piden hasta 30 años. Aldama podría enfrentar 7 años de cárcel, reducidos por su cooperación en la investigación.











