El Supremo propone procesar a Ábalos, Koldo y Aldama por anomalías en la compra de mascarillas durante la pandemia

Leopoldo Puente, magistrado del Tribunal Supremo, ha sugerido la apertura de juicio contra el antiguo ministro José Luis Ábalos, el ex asesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, acusados de posibles irregularidades en la gestión de contratos de mascarillas durante la pandemia, asignados por el Ministerio de Transportes.

Según un auto emitido el lunes y que recoge Europa Press, el instructor otorga un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones populares, encabezadas por el PP, para presentar sus solicitudes de sobreseimiento o sus acusaciones formales, incluyendo la realización de diligencias adicionales.

Puente considera que los hechos podrían constituir delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Según el magistrado, los tres involucrados «se concertaron, muy poco después de que Ábalos asumiera su cargo, para beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos públicos y de cualquier oportunidad que pudieran explotar usando su influencia».

El proceso se ha acelerado tras la decisión de Puente en septiembre de dividir la causa, manteniendo en la pieza principal las investigaciones sobre los contratos de mascarillas y trasladando a una pieza separada la presunta red de comisiones por obras públicas.

Además, Puente destaca que hay fuertes indicios de que De Aldama realizó pagos a Ábalos y García para que actuaran en contra de los deberes de sus cargos. Ábalos y Koldo habrían aceptado estas retribuciones como parte de un plan delictivo conjunto, siendo García el intermediario en la República Dominicana en algunos casos.

El juez también menciona que las empresas públicas elegidas para las compras eran las que el ministro creía que tenían mejor liquidez financiera. La orden de compra inicial para Puertos del Estado fue de cuatro millones de mascarillas, cantidad que se duplicó en media hora por insistencia de De Aldama, con el consentimiento de Ábalos y García. Un procedimiento similar se siguió con Adif.

Finalmente, el magistrado considera «completamente descartable» que Ábalos desconociera o no aprobara las acciones de su asesor.