El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, ha explicado este viernes en el Parlamento de Navarra que, en relación con las obras de duplicación del túnel de Belate, “de la revisión efectuada por la asesoría jurídica, no se aprecian indicios de ningún tipo de responsabilidad contable o penal en los hechos reflejados en este informe durante 2024”.
El máximo responsable del órgano fiscalizador navarro, equivalente al Tribunal de Cuentas, ha detallado que en este ejercicio “se han emitido y pagado ocho certificaciones por importe de 5,52 millones, que es el 7% del importe adjudicado”. “Estas certificaciones incluyen una estimación de mayor gasto por precios contradictorios de 7,2 millones”, ha puntualizado.
Cabeza ha recordado el reparo suspensivo formulado por la Intervención General el 26 de noviembre de 2025, incorporado al informe como “un hecho relevante”. “En dicho reparo se señala la carencia de requisitos legales, es decir, son razones de conveniencia, oportunidad, no imprevisibilidad o imposibilidad”, ha indicado.
Ha precisado, no obstante, que “todas las certificaciones expedidas y pagadas durante la tramitación tienen carácter provisional y será preciso en su caso ajustarlas o no en función de si se aprueba o no el proyecto modificado, fundamentalmente las unidades de obra no previstas en el proyecto inicial o aquellas unidades de obra que han tomado como referencia los precios de la nueva propuesta”. “Dicho reparo ha sido aceptado por el departamento y pondrá fin al procedimiento de modificación”, ha remarcado.
El presidente de Comptos ha comparecido en comisión parlamentaria, a iniciativa propia y de UPN y PPN, para exponer el informe de las Cuentas Generales de 2024. Este documento rectificó algunas de las conclusiones del auditor responsable del trabajo, que optó por incorporar una cláusula de discrepancia para mantener su criterio, entre ellos la posible existencia de “indicios de delito” en el sobrecoste de las obras de Belate.
Durante su intervención, Ignacio Cabeza ha defendido que “la decisión adoptada por esta Presidencia” de modificar el trabajo del auditor “ha sido larga, meditada y difícil, pero considero mi responsabilidad haberla adoptado”.
“No responde a ningún interés espurio para alterar el contenido del informe; responde a un criterio profesional respaldado por el resto de auditores y por la asesoría jurídica”, ha recalcado, subrayando que “se ha sido escrupuloso con el procedimiento establecido y totalmente transparente, no se ha ocultado nada”. “La responsabilidad última de los informes de la Cámara es del presidente”, ha recordado, para insistir en que “no podíamos aceptar una propuesta de informe que en nuestra opinión contenía deficiencias técnicas y jurídicas”.
Ha querido dejar claro que “no ha sido una decisión unilateral de este presidente, sino una decisión respaldada por todos los auditores y por la asesoría jurídica en pleno”, y ha añadido que “todas las consideraciones que estoy realizando las hago en defensa de esta institución y de todos los auditores y letrados intervinientes, y con el mayor respeto al auditor discrepante”.
Cabeza ha apuntado que “ni el resto de auditores, ni la asesoría jurídica y, por supuesto, esta Presidencia, comparten las salvedades de legalidad que contempla la propuesta del auditor, con la excepción de los contratos sin cobertura”. “Consideramos incorrecto y no ajustado a derecho el tratamiento jurídico dado por el auditor”, ha enfatizado.
En cuanto a las obras de Belate, ha señalado que “en este contexto del informe de las Cuentas Generales, no debe ser un trabajo específico sobre Belate” y ha considerado que “consideramos improcedente incorporar en nuestro informe las numerosas cuestiones técnicas que se señalan porque ni esta Cámara ni el auditor ponente son competentes en esas materias; desconoce si existen otros criterios, aparte de la fuente que ha utilizado el auditor ponente”. A este respecto, ha recalcado que “la asesoría jurídica señala expresamente que no se aprecia ilegalidad, irregularidad o perjuicio de los fondos públicos”.
El presidente de Comptos ha añadido que “no podemos estar de acuerdo en que esto ha generado gasto a la Administración, sobre todo, teniendo en cuenta que cuando el auditor redacta su propuesta, ya se conocía el reparo de la Intervención y que esa modificación se iba a paralizar”.
El debate político en torno al informe ha sido intenso. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha sostenido que “cualquier malpensado podría llegar a concluir” que el presidente de Comptos “se ha convertido en el mejor abogado defensor del Gobierno, porque se han eliminado -del informe del auditor- todas las salvedades de legalidad que podían incomodar al Gobierno”. Tras defender que “el auditor es un buen profesional, con una trayectoria contrastada”, ha preguntado a Cabeza si “no ha valorado dar un paso al lado porque es lo mejor para la institución”. “Hay una crisis de confianza que se ha generado por esta situación”, ha rematado.
La portavoz del PPN, Irene Royo, ha subrayado que, “a pesar del esfuerzo que han hecho” desde el órgano fiscalizador “por aparentar normalidad en la presentación de las Cuentas Generales de 2024, es difícil obviar que han supuesto una convulsión en la Cámara de Comptos” y ha añadido que, aunque el presidente no haya presionado directamente al auditor, “no podemos obviar que la institución sí le ha presionado, con comunicados oficiales y con ciertos actos que le humillan y le amedrentan en su trabajo”.
Desde el PSN, su portavoz, Ainhoa Unzu, ha agradecido “la labor que realiza siempre la Cámara de Comptos” y ha admitido que “estamos ante una situación particular dentro de lo que suele ser la rutina institucional de presentar el informe de Cuentas Generales, porque algunos han decidido convertir lo que debiera ser un análisis serio de las Cuentas en un debate de absoluta confrontación centrada únicamente en la discrepancia de un auditor frente a la opinión de toda una entidad como es Comptos”. A continuación, ha acusado al portavoz de UPN de “arrastrar a la institución por el fango”.
La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha desmarcado de la visión de UPN de que “se haya puesto en cuestión la institución de Comptos” y ha defendido que la controversia generada por este informe “forma parte de la normalidad”. “El presidente de Comptos es el mayor responsable de la calidad de todos los informes de fiscalización y vimos cómo el informe del auditor estaba plagado de subjetividades. Este auditor tuvo en frente a toda la asesoría jurídica en pleno”, ha remarcado.
En nombre de Geroa Bai, Mikel Asiain ha apuntado que “el auditor no ha dejado de ser un buen profesional, ni se le ha olvidado ni muchísimo menos hacer su trabajo, simplemente lo que se deriva de este informe es que su borrador carecía, en esta ocasión, en algunos puntos del rigor y objetividad del presidente, del secretario y del equipo de auditores que han estado detrás del informe definitivo”.
El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha cargado contra UPN y ha señalado que “parece que ya no hay límites a la hora de desacreditar y difamar a cualquiera con responsabilidad institucional en esta Comunidad y, en definitiva, de cuestionar toda la legitimidad democrática que tienen las instituciones forales”. “Han decidido llenar el debate político de mierda cada vez que algo les interesa”, ha denunciado.
Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha opinado que “la discrepancia es buena” y ha planteado “qué funcionario o auditor va a tener la valentía de hacer algún tipo de reparo, porque hemos visto que el secretario de la mesa de Belate -quien emitió un voto particular a la propuesta de adjudicación de las obras- fue desterrado”. Jiménez ha añadido que “no es concebible el ataque furibundo” al auditor y ha reclamado la dimisión del presidente de Comptos.