El Consejo de Ministros de este martes ha recuperado un proyecto de ley que decayó la pasada legislatura con motivo del adelanto electoral. Se trata del Proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, un compromiso, además, adquirido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ese proyecto de ley ya fue remitido a las Cortes la pasada legislatura y decayó al convocarse las elecciones generales cuando ya había sido aprobado por el pleno del Congreso e iniciaba su tramitación en el Senado.
Por otra parte, se ha aprobado la propuesta de reparto a las Comunidades Autónomas de 430 millones de euros para conceder subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El reparto deberá ser ratificado en la Conferencia Sectorial que se celebrará el próximo jueves. El criterio de reparto es el número de hogares existentes en cada comunidad autónoma.
También está previsto que se aprueben los Reales Decretos de estructura de los Ministerios de Educación, Formación Profesional y Deporte y de Política Territorial y Memoria Democrática; así como otro más para aprobar los Estatutos de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.
En lo que se refiere a los acuerdos, se espera que Hacienda consiga autorización para aplicar 5,7 millones de euros del Fondo de contingencia para atender los daños ocasionados por la borrasca Filomena y por la erupción del volcán de La Palma. En este sentido, como es habitual en los últimos Consejos de Ministros, se aprobarían ampliaciones de límite de gasto.
También podría darse luz verde a la asignación individual de derechos de emisión a un nuevo conjunto de instalaciones, a propuesta de Transición Ecológica. Este ministerio también podría aprobar obras para mejorar los abastecimientos dependientes del embalse de La Cabezuela (Ciudad Real).
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevaría al Consejo la aprobación de obras en carreteras de Burgos, Oviedo, Madrid, Salamanca y Navarra por importe de más de 93 millones de euros y también de obras en infraestructuras ferroviarias de Girona y Canfranc (Huesca) por casi 50 millones de euros.
Agricultura propondría la exención de evaluación ambiental a cuatro proyectos de obras de modernización de regadíos en zonas de Girona, Lérida, Palencia y Zaragoza.
Por último, está previsto que se remitan a las Cortes varios convenios internacionales para que den su visto bueno a la firma por España.