QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Diez años después de la Ley que reguló cómo determinar la representatividad en el sector agrario, y sin que se hayan podido celebrar elecciones desde entonces en todos los territorios, el Congreso acordó reformar el sistema.
El nuevo sistema estará basado exclusivamente en las acreditaciones que emitan las comunidades autónomas, a partir de los procesos electorales celebrados u otros sistemas de representatividad legalmente establecidos.
Para ser considerada representativa, según el texto de la reforma al que ha tenido acceso Demócrata, una organización profesional agraria (OPA) deberá estar reconocida en al menos siete comunidades y concentrar un 10% de todos los afiliados nacionales en el sistema RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y SETA (Sistema Especial de Trabajadores Agrarios).
La reforma es fruto de un acuerdo del Gobierno con el resto de socios del bloque de investidura. Tramitada como enmienda al Proyecto de Ley de medidas de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, fue suscrita por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos. Todos estos grupos, a excepción del PSOE, alcanzaron primero un acuerdo y no fue hasta minutos antes de las votaciones en la Comisión de Agricultura del Congreso cuando el Grupo Socialista se adhirió a él.
La enmienda se incorporó este miércoles al proyecto de ley y forma parte del dictamen que la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación elevó al Pleno del Congreso para su votación la próxima semana.
Presión de las organizaciones profesionales
La presión de las organizaciones profesionales, particularmente Unión de Uniones, que se encuentra fuera de los órganos de representación a nivel estatal, provocó que varios grupos impulsaran enmiendas para incluir en la norma un mandato legal al Gobierno para proceder su reforma.
El propio Ministerio de Agricultura impulsó una propuesta concreta a través de una enmienda del PSOE, que no acabó de convencer a sus socios. El planteamiento dejaba en manos del Ministerio la elección de qué organizaciones pasaban a ser representativas a partir de una serie de criterios, entre los que se incluía el número de asociados, de sedes o su participación a nivel institucional.
Pese a que la enmienda permitía abrir la representatividad a más organizaciones, Sumar y otros socios pidieron criterios objetivos que impidieran cualquier situación de arbitrariedad. Y, ante las diferencias con el PSOE, pactaron entre ellos un redactado con el visto bueno de las organizaciones agrarias.
Acuerdo ‘in extremis’
No fue hasta el mismo día de la Comisión, minutos antes de empezar las votaciones, cuando el acuerdo se cerró con el PSOE y los representantes del Ministerio de Agricultura desplazados al Congreso para negociar. Los técnicos entraron en la Comisión para reunir al resto de socios, primero en los pasillos y después en la zona de Gobierno de Palacio, durante el receso previo a las votaciones.
El parón, iniciado a las 17:45 horas, y que no estaba previsto para mucho más de quince minutos, se prolongó hasta más de dos horas. La Comisión no se reanudó hasta poco antes de las 20 horas, finalizando las votaciones hora y media más tarde.
Finalmente, y en dos tiempos por un despiste del PP en las votaciones que el presidente de la Comisión, Joseba Agirretxea, del PNV, permitió ‘enmendar’, el proyecto fue elevado al Pleno con el respaldo de los socios de investidura. PP y Vox votaron en contra.
