El portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que el principio de 'prioridad nacional' en el que se "inspira" el pacto de gobierno alcanzado con Vox busca reforzar el "arraigo" en la comunidad, "siempre" dentro del marco legal vigente.
"Vamos a potenciar el arraigo en Extremadura porque queremos que la gente se quede en Extremadura", ha afirmado en una rueda de prensa este lunes en Mérida, donde ha recalcado que "no hay nada ilegal como están intentando vender".
Ha incidido en que se trata de un acuerdo que "no excluye a nadie, no habla de nacionalidades", sino que "prioriza y fomenta un arraigo duradero y verificable, como ya hacen otras administraciones". Entre los 74 puntos consensuados por PP y Vox, que permitirán que María Guardiola sea investida esta semana presidenta de la Junta, se recoge que "el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones publicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
"El pacto dice lo que dice y no es interpretable", ha insistido Sánchez Juliá, subrayando que "es muy claro y es un pacto que no excluye". Ha considerado un error centrar el debate en la inmigración, porque el texto "no habla de nacionalidades", sino de "arraigo".
En cuanto a la aplicación práctica, ha citado el caso de la vivienda pública, donde se exigirá un "arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura, con un mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler.
Estabilidad política y blindaje social
El acuerdo permitirá la investidura de María Guardiola con el mayor respaldo parlamentario registrado en la comunidad, fruto de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, tras varios meses de conversaciones entre ambas formaciones. Según el portavoz, se trata de un pacto con el que Extremadura "gana" y que "garantiza" la estabilidad institucional durante los próximos cuatro años, incluyendo la aprobación de los cuatro presupuestos autonómicos.
Ha recalcado que no habrá "ni un solo retroceso social", algo que, ha dicho, se refleja en el "blindaje" que ha realizado la presidenta María Guardiola de la igualdad, la diversidad y los derechos ya consolidados de las mujeres y del colectivo LGTBI.
Preguntado por el encaje con la normativa estatal, ha reiterado que el acuerdo "siempre está sujeto a la legalidad vigente" y ha recordado que "otras administraciones" ya utilizan el criterio de arraigo en distintas políticas sin que "nadie" haya dicho "absolutamente nada". "Nosotros vamos a respetar siempre la ley, porque siempre lo hemos hecho", ha señalado, añadiendo que, pese a la existencia de marcos estatales en ámbitos como el medio ambiente, "siempre hay un margen de maniobra" para la comunidad autónoma.
En la misma línea, y sobre el futuro del centro de acogida de migrantes en el antiguo Albergue municipal de Mérida, ha aclarado que esas instalaciones dependen del Gobierno central. "No depende de la Junta de Extremadura", ha concluido.
Fiscalidad, servicios públicos y desarrollo económico
Sánchez Juliá ha explicado que todo ello se enmarca en una legislatura orientada a "consolidar el cambio" iniciado en 2023, con una agenda centrada en el crecimiento económico y el "fortalecimiento" de los servicios públicos. Para ello, ha avanzado que continuarán reduciendo la presión fiscal con el objetivo de que Extremadura sea la comunidad "donde menos impuestos se pagan" en España, con "especial incidencia" en las rentas medias y bajas, así como en jóvenes y familias.
Ha mencionado rebajas tributarias en sucesiones y en el acceso a la vivienda, junto con medidas para "aliviar" el coste de la vuelta al cole del material escolar, incentivar la natalidad y combatir la despoblación.
El pacto contempla también el impulso al tejido industrial de la región, protegiendo el principal activo del sector, la central nuclear de Almaraz, mediante la reducción progresiva de la ecotasa "hasta su supresión". Además, se refuerza el apoyo al sector agrario, con menos trámites administrativos y "huyendo de las políticas radicales medioambientalistas de la izquierda", rechazando el acuerdo de Mercosur y manteniendo, ha indicado, el proyecto de regadío de Tierra de Barros.
Entre las medidas destacadas figuran la construcción de VPO y actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda, así como el refuerzo de la sanidad pública con una inversión adicional de 500 millones de euros anuales destinada a incorporar 1.500 sanitarios y profesionales al sistema sanitario extremeño. El acuerdo incluye igualmente compromisos en materia educativa.
Cruce de reproches con la izquierda
Tras plantear a quién "le parece mal algo de esto", Sánchez Juliá ha cargado contra "la izquierda rabiosa, que no suma y que no es alternativa de nada", por su oposición al pacto, que, según ha defendido, "apuesta por la concordia para eliminar el rencor".
En contraste, ha acusado al PSOE de utilizar la memoria como "arma política para intentar dividir", atacando "un elemento tan integrado" en la sociedad cacereña como la Cruz de los Caídos de Cáceres, a la que ha definido como "un punto de referencia sin carga ideológica" para "cualquiera que viva en Cáceres" y que, a su juicio, ha sido empleada por Pedro Sánchez "para atacarnos y para intentar tapar todos sus líos judiciales".