QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular aún no ha dicho su última palabra con respecto a la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que permite el uso de las lenguas cooficiales tanto en pleno como en el registro de escritos y documentos. Tras presentar un recurso para impedir que se utilizaran antes de aprobar la Proposición de reforma, registrar una enmienda a la totalidad con texto alternativo y oponerse en la votación, el Grupo Popular ha puesto en tela de juicio los contratos se servicio de interpretación.
La secretaria general de la formación y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha interpuesto ante la Mesa del Congreso un recurso de reposición contra los acuerdos de adjudicación de 12 contratos relacionados con el servicio de interpretación de lenguas cooficiales al castellano. Los populares consideran que se vulneró la normativa de contratación y exigen su suspensión.
El argumento esgrimido en el escrito descansa sobre la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que establece que para considerar un contrato como menor ha de tener un valor inferior a 15.000 euros. En concreto, aluden al artículo 99.2, que reza que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.
Fraccionamiento de contratos
En este sentido, desde el PP insisten en que “la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación determinó que si el objeto del contrato es único y se divide en diversos expedientes habrá fraccionamiento indebido, y la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado fijó que para que un contrato sea calificado como menor no debe ser modificado de forma fraudulenta y el contratista no debe haber suscrito más contratos menores que superen el umbral establecido”.
El Grupo Popular considera que los 12 contratos firmados, cada uno de ellos por un valor de 14.999,99 euros, “un céntimo menos del límite fijado”; se tramitaron como contrato menor para ejecutarlos “eludiendo cualquier procedimiento competitivo de adjudicación y vulnerando con ello los principios de concurrencia, publicidad y transparencia que debe regir en la contratación pública”.
El Grupo Popular considera que los 12 contratos firmados se tramitaron como contrato menor para ejecutarlos “eludiendo cualquier procedimiento competitivo de adjudicación.
“De esta manera, se perjudican de forma grave los intereses generales porque se impide encontrar una forma de prestación del servicio que sea lo más beneficiosa económicamente posible para el erario público, y se impide que otras empresas o intérpretes puedan acceder a prestar dichos servicios, eliminando la libre competencia y llevando a cabo una selección de los adjudicatarios al margen de cualquier criterio de objetividad y transparencia”, remachan.
Justificación
Fuentes de la Presidencia del Congreso consultadas por Demócrata recuerdan que los contratos cuentan con los pertinentes avales de los letrados del Congreso, por lo que “convendría que el PP no difamara el trabajo de los funcionarios públicos”. En consecuencia, las mismas voces creen que el recurso no prosperará porque los letrados no avalarían algo que va contra su propio criterio.
Fuentes de la Presidencia del Congreso consultadas por Demócrata recuerdan que los contratos cuentan con los pertinentes avales de los letrados del Congreso.
El PP ha rehusado comentar que los contratos atesoran el aval de los letrados. En su caso, se limitan a rebatir la justificación de que los contratos tuvieran que realizarse de esa manera por la necesidad de disponer de los servicios de interpretación antes del 19 de septiembre, día en que se celebró el primer Pleno del Congreso en el que se pudieron utilizar y en el que se abordó la reforma del Reglamento. Los de Feijóo aseguran que “es totalmente ilegal y arbitrario” puesto que “no contaba con el correspondiente amparo normativo” porque la aprobación de la Proposición de reforma que ampara la utilización de las lenguas cooficiales en el Congreso no se produjo hasta dos días después, el 21 de septiembre.
La formación popular advierte de que si la Mesa considera que no puede llevar a cabo dicha anulación directamente porque la competencia para resolver correspondería al Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales por exceder de la cuantía de 100.000 euros, se solicita que se tenga por interpuesto recurso especial en materia de contratación frente a los mismos, dando traslado al Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales a los efectos precedentes.
Compra y alquiler de los materiales. La Cámara Baja disponía de 200 auriculares adquiridos para la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. A estos, se sumaron otros 450 cuya compra se hizo efectiva en la mañana del 19 de septiembre, estando disponibles para el pleno que se celebró en la misma jornada apenas unas horas después. Los 650 auriculares habían de ser conectados a unas petacas receptoras que se alquilaron. El montante total de la compra asciende a 53.500 euros, 7.600 por los 450 auriculares y 45.900 euros por el alquiler de los dispositivos de recepción. El coste de cada petaca ronda los 300 euros, y el contrato incluye el coste de equipos de radiofrecuencia para llevar la señal a los receptores.
