El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia ha solicitado a la Agencia Valenciana Antifraude que abra una investigación sobre un posible “conflicto de intereses” en “la polémica permuta de 39 VPP” en la capital valenciana.
El portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuan, ha presentado una denuncia ante Antifraude por “la posible existencia de un conflicto de intereses” de la abogada de la Generalitat “que actúa como apoderada de la constructora matriz” vinculada a dicha operación urbanística.
Según ha explicado Sanjuan en un comunicado, esta letrada “ocultó su situación con esta constructora a pesar de que podía incurrir en un conflicto de intereses”, ya que “la Generalitat ha certificado que no solicitó la compatibilidad”.
En esa línea, el dirigente del PSPV ha indicado que “vamos a poner en conocimiento de la Agencia Antifraude que la abogada de la Generalitat que es apoderada de la constructora a la que --la alcaldesa de València-- María José Catalá (PP) le está regalando terreno público con la intervención del concejal --de Grandes Proyectos y Contratación-- Pepe Marí Olano (PP) no ha comunicado al régimen de incompatibilidades de la Generalitat” su vínculo con la empresa.
Para Sanjuan, “no puede ser que altos cargos de la Generalitat Valenciana relacionados con el Partido Popular estén participando a la vez de la administración del dinero público y de la administración de sus negocios privados”.
El grupo socialista ha subrayado que “esta abogada de la Generalitat es apoderada de las mercantiles Domio Desarrollos SL y de Domio Habitat, dos de las constructoras que están detrás de la permuta de suelo municipal que lanzó el gobierno de Catalá a cambio de 39 VPP que ya habían sido comercializadas”.
Además, han remarcado que “la empresa, para poder llevarse la adjudicación del suelo, decidió romper unilateralmente el compromiso con 39 familias a las que ya había reservado las viviendas”, dado que “uno de los requisitos era que no estuviesen comercializadas”.
El PSPV ha rememorado que ya trasladó este asunto a la Fiscalía, “puesto que la empresa sí había comercializado las 39 viviendas que ofrecía a cambio de suelo municipal” y, por tanto, no se cumplía “uno de los requisitos obligatorios para poder optar a la permuta”.
Desde el grupo socialista han censurado que “y, pese a que muchos de los propietarios han judicializado la decisión de la empresa de romper el compromiso legal de la constructora con las familias que habían reservado las viviendas, el gobierno de Catalá decidió adjudicarles la permuta”.
Investigación paralela ante Antifraude
“De manera paralela”, el PSPV ha insistido en su decisión de informar a Antifraude de que la apoderada “no ha comunicado a la Generalitat la petición de compatibilidad para compaginar su actividad pública con negocios privados”. Por ello, el partido ha pedido a este organismo de control que “se abra una investigación que aclare los hechos” y que avance “de manera paralela a la denuncia ante la Fiscalía que ya se había cursado”.
Sanjuan ha concluido afirmando que “hay algo que huele muy mal en el Ayuntamiento de María José Catalá y tiene que ver con que hay gente que está confundiendo lo que es de todos con el beneficio de ellos mismos”.