Actualizado el 16 de mayo con el resultado del debate y la votación
Dos plenos para esta semana y los dos de carácter extraordinario. Si hace un par de semanas la Mesa del Senado, con mayoría del PP, decidía agendar una sesión plenaria, tras las elecciones catalanas, para debatir los vetos a la Proposición de Ley Orgánica (PLO) de Amnistía, ayer, el órgano rector de la Cámara acordó incluir una nueva convocatoria del Pleno, para el 16 de mayo.
La cita de este jueves tendrá lugar a instancias del Grupo Popular en el Senado, que ayer, a primera hora de la mañana, registraba su propuesta de «suspensión del acuerdo adoptado (…) sobre el planteamiento de un conflicto de atribuciones al Congreso«. El escrito del PP, consultado por este medio, se refiere así al acuerdo del Pleno de la Cámara Alta, del pasado 10 de abril, por el que serequería a la Cámara Baja la retirada de la PLO de Amnistía o «la anulación de su calificación y admisión a trámite y de todo lo actuado desde aquel momento». Consideran que desde el Congreso no se ha seguido el procedimiento adecuado y hay que esperar a que el Congreso«pueda pronunciarse en la forma correcta».
El Senado, de nuevo a instancias del PP, ejercía así hace algo más de un mes su potestad para iniciar un conflicto de competencias, de atribuciones para ser precisos, regulada en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en sus artículos 59.1 y 73-75. La figura del conflicto institucional es el procedimiento al que pueden recurrir ciertos órganos constitucionales (Gobierno, Congreso, Senado o el CGPJ) cuando estiman que otro de ellos está invadiendo sus competencias constitucionales o atribuciones legales. Desde el Senado se entendía que la tramitación de la amnistía vía PLO era fraudulenta al tratarse de una «reforma constitucional encubierta» y por ello se instaba al Congreso a ponerle fin.
Fin del plazo para el Constitucional
La petición de los populares de convocar un nuevo pleno se produce cuando se cumple el mes, este mismo jueves, con el que cuenta el órgano que inicia el conflicto de atribuciones (el Senado en este caso) para elevarlo al Tribunal Constitucional (TC) una vez que el órgano al que se dirige la reclamación sobre la invasión de competencias responde de forma negativa (como hizo el Congreso, el 16 de abril) o directamente no responde.
