El jueves a las 12:00 horas se celebrará la que será la primera Junta de Portavoces de la XV Legislatura. Una primera cita cuyo cometido será ordenar el pleno extraordinario que convocará la Mesa del Congreso en su reunión de este miércoles a las 10:00 horas. El objetivo es abordar la Proposición de reforma del Reglamento registrada por PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y BNG (Grupo Mixto) para permitir el uso de cualquier lengua cooficial en el Congreso de los Diputados.
La iniciativa fue registrada la pasada semana, en concreto, el miércoles 6 de septiembre, y cumpliendo con las previsiones del Grupo Socialista, la Mesa del Congreso la calificará en su reunión de este miércoles. Tras ser calificada por la Mesa, la Proposición de reforma será introducida en el orden del día del pleno extraordinario que se convocará para la próxima semana. Al no haber aún calendario de sesiones, será una sesión extraordinaria, afirman fuentes parlamentarias.
Vía exprés
La propuesta se tramitará por el procedimiento especial de lectura única en el Pleno de la Cámara, lo que supone que, una vez tomada en consideración, solo podrían presentarse enmiendas a la totalidad. Este último punto es clave, puesto que, de no ser por lectura única, el articulado tendría pasar por la comisión de Reglamento y designar la ponencia que elaborase el dictamen, y estas aún no están conformadas.
La propuesta se tramitará por el procedimiento especial de lectura única en el Pleno de la Cámara.
Al proceder a su aprobación por lectura única, el debate quedaría sujeto a las normas establecidas en el artículo 150 del Reglamento, por lo que no cabe la presentación de enmiendas parciales que lo dilaten.
El objetivo de los socialistas y sus socios es cumplir con la promesa de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de que quien lo desee pudiera emplear el catalán, gallego o euskera incluso en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, agendada para los días 26 y 27 de septiembre.
La Proposición de reforma, que se tramita como Proposición de ley, pretende reformar el Reglamento no solo para avalar a los oradores que usen cualquier lengua cooficial, sino también que se puedan registrar escritos y documentos. Para posibilitarlo a la mayor celeridad posible, fuentes socialistas admiten que se tendrá que contratar personal y disponer medios a corto plazo y, conforme avance el tiempo, establecer una estructura más fija. Así las cosas, se comprometen a que la Cámara dispondrá desde la próxima sesión de investidura de los servicios precisos de traducción para que éstas puedan realizarse en cualquiera de las lenguas oficiales, esto es, intérpretes y pinganillos.
En consecuencia, a fin y efecto de agilizar los trámites administrativos, los contratos de urgencia para traductores se pagarían con el fondo de remanentes que dispone el Congreso con los excedentes que se han ido generando año tras año con las partidas presupuestarias no ejecutadas. La cifra ascendería a 108,24 millones de euros, según los últimos datos publicados por el propio Congreso con fecha de marzo del 2022.
En la iniciativa se establece un plazo de seis meses para hacer efectivo el derecho a registrar cualquier escrito y/o documento en el Congreso en lenguas cooficiales. Hasta entonces, serán los grupos los que, si quieren registrarlo, deberán aportarlo también en castellano.