El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado este viernes el “señalamiento injustificado” que, a su juicio, está sufriendo una comisaria de la Policía Nacional en Navarra a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por mala práxis policial en la investigación de una doble agresión sexual con sumisión química ocurrida en Pamplona en 2016.
En este contexto, Jupol ha recordado que la responsable policial afectada, jefa de Policía Judicial de la Policía Nacional en Pamplona, se ha visto cuestionada públicamente después de que esta misma semana el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamara su dimisión tras conocerse la resolución de Estrasburgo.
El sindicato ha remarcado que la comisaria, afiliada a Jupol en Navarra, ha sido objeto de un “señalamiento” mediante “acusaciones falsas ya archivadas judicialmente”. Por ello, ha expresado su “más firme respaldo” a la jefa policial “frente a las graves imputaciones personales vertidas en los últimos días en diversos medios de comunicación”, unas imputaciones que la organización considera “objetivamente falsas, jurídicamente insostenibles y profundamente injustas”.
Jupol ha querido “dejar meridianamente claro un hecho esencial que está siendo deliberadamente ignorado en el debate público”: esta comisaria “no estaba destinada en Navarra cuando ocurrieron los hechos objeto de investigación, ni durante el año 2016 ni durante 2017, periodo en el que se practicaron las diligencias iniciales y las actuaciones técnicas que hoy se le pretenden atribuir”. “Su incorporación a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona no tuvo lugar hasta enero de 2018, dato objetivo, documentado y fácilmente comprobable”, ha precisado el sindicato.
En consecuencia, sostiene que “resulta materialmente imposible atribuirle responsabilidad alguna sobre actuaciones que se sitúan cronológicamente fuera de su ámbito temporal de destino, lo que convierte las acusaciones vertidas en un ejercicio de señalamiento personal carente de base fáctica”.
El sindicato ha recalcado igualmente que el nombre de la comisaria “no aparece en ningún momento en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de octubre de 2025”. “Dicha resolución condena al Estado español por deficiencias estructurales en la investigación desde una perspectiva de responsabilidad institucional, no individual, y en ningún caso atribuye conductas concretas ni responsabilidades personales a la comisaria. Utilizar una condena internacional al Estado para construir un relato de culpabilidad individual constituye una manipulación inadmisible del contenido real de la sentencia”, ha indicado.
Además, la organización sindical ha subrayado que “hay un dato aún más grave que se está silenciando: estas mismas acusaciones ya fueron investigadas en sede judicial en España y concluyeron con un auto de sobreseimiento libre y archivo”. “En dicho auto judicial se descarta expresamente la existencia de indicios de delito y se niega cualquier participación de la comisaria en la manipulación, borrado o destrucción de prueba alguna. No se trata, por tanto, de sospechas abiertas ni de cuestiones pendientes, sino de hechos ya examinados y definitivamente archivados por la autoridad judicial competente”, ha remarcado.
Jupol reprocha que, “pese a ello, se insiste en reactivar públicamente acusaciones ya descartadas, sometiendo a una mando policial a un juicio mediático paralelo, vulnerando principios básicos del Estado de Derecho y erosionando gravemente la presunción de corrección profesional de quienes sirven en la Policía Nacional”.
En esta línea, el sindicato ha apuntado que “la denuncia pública contra la comisaria estaría siendo impulsada por el sindicato SUP”, y ha considerado que “carece de base jurídica sólida”. “Esta actuación respondería más a una animadversión personal hacia el mando policial que a hechos sustentados legalmente, lo que agrava aún más el carácter injusto del señalamiento y contribuye a alimentar un relato sin respaldo judicial”, ha añadido.
La organización ha asegurado que “no va a tolerar que se utilice el contenido de una sentencia internacional para personalizar responsabilidades inexistentes”, ni que se “estigmatice” a una de sus afiliados “mediante la repetición de imputaciones que ya fracasaron en los tribunales”. “Frente a esta deriva, la afectada ha ejercitado legítimamente su derecho fundamental de rectificación, procedimiento que se encuentra actualmente en trámite ante los tribunales de Pamplona, y cuyo resultado deberá ser respetado por todos”, ha señalado Jupol.
Por último, el sindicato ha reiterado que seguirá “defendiendo sin ambigüedades a sus afiliados y representantes frente a informaciones inexactas, relatos interesados o reconstrucciones mediáticas que ignoran resoluciones judiciales firmes”. “La crítica institucional es legítima, el señalamiento personal sin base judicial, no”, ha remarcado, insistiendo en su “confianza plena en la profesionalidad, integridad y trayectoria” de la comisaria y exigiendo “rigor, responsabilidad y respeto a la verdad judicial en el tratamiento público de estos hechos”.