La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha expresado este miércoles su “solidaridad” con los mineros que permanecen encerrados en la mina de Tormaleo y “con toda la plantilla”, a la que, ha recordado, “se le adeudan diez pagas y dos extraordinarias”. Ha descrito esta realidad como una situación “dramática” para los empleados, subrayando además las limitaciones de actuación que tiene el Ejecutivo central en una explotación de titularidad privada.
Según ha relatado, la tarde del jueves la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, remitió un escrito tanto a la Delegación del Gobierno como al Principado de Asturias, concretamente a la Consejería de Industria, informando del encierro. A partir de ese momento, desde la Delegación se trasladó el aviso a la Consejería de Industria, que envió a la mina a dos actuarios y se puso en contacto con el director facultativo. No obstante, este no llegó a personarse en las instalaciones, de modo que los actuarios no pudieron acceder, ya que “porque no se puede entrar en una mina sin el director facultativo”.
“Ante lo acontecido, lo que hicimos fue esa orden de desalojo voluntaria, porque tampoco la Guardia Civil puede entrar a sacar a los mineros en una mina privada”, ha remarcado Lastra, haciendo hincapié en los límites legales que condicionan la intervención de la Administración General del Estado en este tipo de explotaciones mineras.
La delegada ha admitido que le “sorprendió” la carta remitida por la alcaldesa de Ibias, en la que se cuestionaba si se había pedido autorización a la Delegación para llevar a cabo el encierro. Al respecto, ha precisado que a este organismo se le notifican “concentraciones, manifestaciones, cuando es en la vía pública”, pero “en un espacio privado no”, algo que, ha señalado, “creo que sabe toda España y creo que la alcaldesa de Ibias debería saberlo”.
Lastra ha apuntado igualmente que la Guardia Civil se ha desplazado a la zona durante estos días y continúa pasando periódicamente por la mina para comprobar el estado de los trabajadores. Sin embargo, ha reiterado que, mientras el director facultativo no acuda a las instalaciones, ninguna autoridad puede acceder oficialmente al interior de la explotación en nombre de la Administración General del Estado y, en consecuencia, tampoco es posible proceder al desalojo de los mineros. “Lo que tienen es la solidaridad democrática”, ha enfatizado.