El Juzgado de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao (Plaza número 10) ha aceptado a trámite la demanda interpuesta por el Sindicado Profesional de la Ertzaintza (SiPE), en la que reclama la nulidad del proceso de elecciones de representantes sindicales en la Ertzaintza, un procedimiento que la organización ya había criticado desde el inicio como "carente de garantías democráticas".
La vista oral se celebrará el próximo 1 de junio, fecha en la que SiPE llevará ante los tribunales lo que califica como "un proceso electoral viciado desde su origen" y el "mayor escándalo electoral" vivido en la Policía Autónoma, según ha explicado en un comunicado este sindicato, que reclama la repetición completa de los comicios.
En las elecciones celebradas el pasado 26 de marzo, Euspel se situó como primera fuerza en la Ertzaintza al cosechar 1.732 apoyos, seguida de Esan, con 1.665 votos, ErNE, con 1.280, SiPE, con 354, ELA, con 214, y Ekos, con 160 papeletas.
El sindicato sostiene que todo el procedimiento estuvo "bajo sospecha desde el inicio" y recuerda que ya el 9 de marzo alertó de que las elecciones se estaban desarrollando "en un contexto de opacidad, desigualdad y falta de garantías". A su entender, el sistema vigente "lejos de facilitar la participación, imponía obstáculos y generaba desconfianza en el colectivo".
SiPE denunció entonces "proceso plagado de sombras" y una organización electoral que introducía "trabas en lugar de garantizar derechos fundamentales".
Entre las primeras presuntas "irregularidades" señaladas por la central está el voto diferido, que habría sido "convertido en una carrera de obstáculos, condicionado por la logística administrativa y con escaso margen real para ejercer el derecho al sufragio".
El sindicato también se refirió a la "falta de transparencia" en la designación de las mesas electorales, al realizarse mediante sistemas informáticos "no auditados, sin control independiente ni garantías de neutralidad".
Otra de las críticas apuntaba a las limitaciones en la campaña, que habrían impedido a SiPE entrar en determinados centros de trabajo, sobre todo en Gipuzkoa, "limitando la libertad sindical y el derecho de los ertzainas a escuchar todas las opciones en igualdad".
Acusaciones de anomalías y vulneración de derechos
Según esta organización, lejos de corregirse, estas "anomalías se agravaron durante el desarrollo del proceso". A su juicio, se trató de un procedimiento "viciado" con "alteración del censo, destrucción de votos y vulneración de derechos".
SiPE sostiene que su demanda deja "negro sobre blanco hechos de una gravedad extraordinaria" que, en su opinión, convierten estas elecciones en un proceso "radicalmente nulo".
Entre los hechos denunciados, el sindicato menciona una supuesta "manipulación del censo electoral", ya que el número de personas con derecho a voto habría pasado de 7.109 a 7.078 "sin procedimiento ni garantías, permitiendo además que personas sin derecho a voto participaran en el proceso".
Asimismo, acusa a la Administración de una "alteración de las reglas" en pleno procedimiento, lo que, según defiende, habría vulnerado el principio de seguridad jurídica. También sostiene que se produjo una "destrucción de votos ya emitidos, afectando directamente al derecho fundamental al sufragio".
Entre las incidencias citadas se incluyen "errores graves en papeletas, que provocaron incluso la suspensión del voto en Gipuzkoa durante varios días, y "falta de garantías de privacidad, al no habilitarse medios adecuados para asegurar el voto secreto".
Todo ello configuraría, según SiPE, un escenario en el que no habría existido "igualdad entre candidaturas ni garantías mínimas para un proceso democrático, vulnerando tanto la normativa electoral como derechos fundamentales recogidos en la Constitución".
El sindicato considera que lo sucedido no puede entenderse como "un simple conjunto de irregularidades aisladas" sino como un "fallo estructural" que habría afectado a todas las fases del proceso, desde la campaña previa hasta el escrutinio definitivo.
"El problema no es un error puntual, es un sistema que ha funcionado sin garantías desde el principio hasta el final. Se ha impedido competir en igualdad, se ha dificultado el voto y se han alterado las reglas en pleno proceso. Eso no es una irregularidad, es un ataque directo a la democracia sindical", señalan fuentes del sindicato.
Por este motivo, SiPE reclama repetir las elecciones "con garantías reales, transparencia y equidad" y ha precisado que ha pedido ante el Juzgado la nulidad total del procedimiento, al entender que no se puede consentir que un proceso "irregular y cuestionado determine la representación sindical de la Ertzaintza durante los próximos años".
"El SiPE no defiende siglas, defiende derechos. Y cuando se vulnera la democracia sindical, la única respuesta posible es acudir a los tribunales. No vamos a mirar hacia otro lado", ha zanjado la organización.