Las denuncias por la caída masiva de páginas web provocados por la lucha de la LaLiga contra la piratería llegó hace meses al Congreso. Y la Cámara se dispone ya a adoptar medidas.
La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital aprobó este miércoles una iniciativa no legislativa para adoptar medidas, entre ellas promover un cambio legal que impida el bloqueo indiscriminado de IP por resoluciones judiciales.
La propuesta, llevada a la Comisión por ERC, fue finalmente pactada con el PSOE, y respaldada después por Sumar, Bildu, PNV y Compromís. El PP y Vox votaron en contra. Junts se ausentó de la sesión.
La votación no implica ningún cambio legal pero no es baladí. La Cámara rechazó el año pasado una propuesta para actuar contra estos bloqueos de páginas web. Ahora, ha acordado adoptar medidas y la propia propuesta fija el marco en el que se acometerá la reforma.
Reforma vía enmienda a Ley de Servicios Digitales
La iniciativa pactada por PSOE y ERC, a la que tuvo acceso Demócrata, anticipa una reforma en la Ley de Servicios Digitales, un paquete normativo para la aplicación de este reglamento europeo que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso.
Concretamente, el acuerdo prevé incorporar el principio de proporcionalidad tecnológica, la graduación de las medidas a adoptar y una “adecuada consideración de terceros” en la ejecución de actuaciones de lucha contra la piratería, con el fin de evitar “afectaciones indebidas a servicios legítimos”.
También se prevé reforzar el derecho a la información, la libertad de expresión y la innovación social digital, para considerarlos derechos protegidos frente a medidas tecnológicas que puedan producir efectos sobre terceros, especialmente cuando afecten a aplicaciones gratuitas, sin ánimo de lucro o de servicio público.
La iniciativa aprobada consta de más puntos, entre ellas la evaluación del impacto de estas órdenes de bloqueo, o mejorar la coordinación para evitar que la ejecución de sentencias no afecten a plataformas digitales o servicios ajenos al contenido ilícito.
ERC pide “reglas claras” y garantías
La propuesta fue defendida en la Comisión por la portavoz económica de ERC, Inés Granollers, que criticó cómo la ejecución de sentencias judiciales ante denuncias de LaLiga han propiciado el bloqueo de plataformas digitales legítimas o servicios públicos como la plataforma Transporta’m, que presta un servicio ciudadano sobre el estado de las infraestructuras de transporte.
“Cada vez que hay un partido de fútbol, miles de ciudadanos se quedan sin este servicio”, lamentó la diputada, que avala la lucha contra la piratería “pero no a cualquier precio”. “Intereses privados están condicionando el funcionamiento de Internet con consecuencias directas sobre la ciudadanía”, prosiguió Granollers, que pidió “reglas claras” para que terceras personas no se vean sometidas por estas resoluciones judiciales.
Las denuncias públicas contra este tipo de bloqueos son continuas. Hace semanas un ciudadano criticó que la aplicación de geolocalización que emplea para asistir a su padre, enfermo de demencia, quedaba colapsada al compartir servidor con infraestructuras señaladas por LaLiga.
El PP también avanza enmiendas
PSOE y ERC no son los únicos que avanzan enmiendas en la Ley de Servicios Digitales. Pese a rechazar la iniciativa, desde el Grupo Popular compartieron el punto de partida de la propuesta de ERC y defendió una ejecución más proporcionada de las sentencias para evitar las medidas menos legisvas.
Su diputada Laura Lima reseñó la importancia del papel de las plataformas intermediarias que operan sobre infraestructuras compartidas para que estos bloqueos sean selectivos y pidió mejoras para una ejecución más precisa de los bloqueos.
Finalmente, avanzó enmiendas para imponer obligaciones específicas a las plataformas y a los prestadores que operen en infraestructuras compartidas y así impedir que las ejecuciones afecten a terceros.