QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La decisión adoptada el lunes por el presidente del Senado, Pedro Rollán, de interpretar como un veto el resultado de la votación en el Pleno contra el proyecto de ley para reformar la ley de intercambio de antecedentes penales (Ley Orgánica 7/2014) ya tiene respuesta. La Mesa del Congreso, en su reunión de ayer, ha optado por hacer caso omiso al veto remitido por la Cámara Alta. «Tras analizar las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Cámara, [la Mesa] ha resuelto que le corresponde respetar los procedimientos reglados y entiende como validada la Ley Orgánica 7/2014, que será enviada al BOE para su publicación», según han informado desde el órgano rector del Congreso.
La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso deja sin efecto el anuncio de la presidencia del Senado, que con mayoría absoluta rechazaba en su votación final los cambios en la Ley Orgánica 7/2014, un resultado que Rollán calificó de veto, pese a que ningún grupo o partido había registrado propuestas de veto en tiempo y forma. Así, con 148 noes (PP, Vox y UPN), dos abstenciones (Agrupación Herreña Independiente y la Agrupación Socialista Gomera) y 111 síes (resto de formaciones), el presidente de la Cámara Alta aseguraba al anunciar el resultado de la votación que debía «entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto».
La actuación de Rollán venía amparada por el contenido de un informe de la Secretaría General de la Cámara Alta. El documento, elaborado por encargo del propio presidente, concluía que, dado que «sería excesivamente formalista ignorar la voluntad real del Pleno del Senado de rechazo» a la reforma de la Ley Orgánica sobre antecedentes penales, se podía «deducir que el rechazo en Pleno de un texto por mayoría absoluta equivale a un veto, aunque no se haya presentado formalmente». En consecuencia, se trataría de «un acto que ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global, con la consiguiente devolución del texto al Congreso«.
Hacia otro choque institucional
La decisión de la institución presidida por Francina Armengol niega la mayor. Desde la Mesa del Congreso alegan que el veto remitido por el Senado no sería tal al no haberse seguido los cauces que marca el Reglamento del Senado para la tramitación de iniciativas legislativas. Consideran así que el recorrido de la reforma de la Ley Orgánica 7/2014 llegó a su final tras la votación de la Cámara Alta en el pleno extraordinario del Senado del lunes, y que por tanto queda aprobada y lista para publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El acuerdo de la Mesa del Congreso abona el enfrentamiento entre Cámaras, una vez más en esta legislatura, lo que podría desembocar en un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o en un conflicto institucional Congreso-Senado. La sucesión de hechos recuerda a la de la Ley de Amnistía, durante cuya tramitación se desató una sucesión de informes de los servicios jurídicos de Congreso y Senado, documentos utilizados para dar cobertura a las decisiones tomadas por la Mesa de cada Cámara.
En el caso de la Amnistía, el pasado marzo, el Pleno del Senado, a instancias del Grupo Popular, planteaba un conflicto de atribuciones con la Cámara Baja. La Cámara Alta consideraba que la ley de borrado penal era en realidad una reforma encubierta de la Constitución y por tanto el Senado se veía «mermado en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales al impedírsele la tramitación de la iniciativa de acuerdo con el procedimiento que correspondería». La Mesa del Congreso rechazó el conflicto y el Grupo Popular decidió no elevarlo finalmente al TC al pedir la retirada del mismo, a mediados de mayo.
Peticiones de reconsideración y de elevación al Constitucional
A falta de que se pronuncien desde la presidencia del Senado o desde el PP, otras formaciones con representación parlamentaria sí han dado ya nuevos pasos en respuesta a lo sucedido esta semana en las Cortes Generales.
El Grupo Socialista en el Senado, en un escrito de reconsideración dirigido al presidente de la institución, le piden que revierta la decisión adoptada en el pleno y que «adopte cuantas actuaciones sean necesarias con el fin de proclamar la aprobación definitiva por las Cortes» del proyecto de ley .
Vox, por su parte, ha registrado escritos en ambas Cámaras. A la presidencia del Congreso le solicitan que se celebre la votación que correspondería a toda iniciativa vetada desde el Senado para poder levantar dicho veto, mientras que a la Mesa del Senado le instan a iniciar «los trámites oportunos para plantear» el conflicto de atribuciones ante el Constitucional «por el manifiesto ataque a las funciones constitucionales» de la Cámara Alta.
