QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
A pesar de ser un mes excluido del periodo de sesiones ordinario, en ocasiones la situación política ha obligado a las Cortes a emplearse a fondo en agosto. Tres entregas, tres años y tres momentos políticos en los que la actividad política no pudo ni tomarse un respiro por vacaciones:
1978, un verano constitucional y una visita de Estado con polémica
- Senado: 1 pleno y 9 comisiones
- Congreso: 1 Diputación Permanente
2015, el último verano del bipartidismo y unos PGE «in extremis»
-Senado: 8 comisiones
-Congreso: 3 plenos, 1 Diputación Permanente y 13 comisiones
2018
- Senado: 1 Diputación Permanente
-Congreso: 1 Diputación Permanente y 7 comisiones
Esta tercera y última entrega, con la que Demócrata busca promover la memoria parlamentaria, se centra en el primer verano de Pedro Sánchez como presidente. Tras el triunfo de la moción de censura presentada por el PSOE al Gobierno de Mariano Rajoy, se dio la circunstancia de que el nuevo ejecutivo había logrado una mayoría de investidura en el Congreso pero estaba en minoría en el Senado.
Los meses estivales de 2018 coincidieron con los compases iniciales del conocido como «Gobierno bonito» por la sorpresa que causo el perfil de alguno de sus miembros. En julio la actividad de las Cortes superó con creces el ritmo habitual de este periodo que suele estar marcado por un «pleno escoba» para dejar cerrada toda la agenda legislativa antes de empezar las vacaciones. Y aunque en agosto hubo tiempo para el descanso, en la última semana se concentró un gran número de sesiones que lo hace merecedor de aparecer en esta recopilación.
Llamada a capítulo
Aquel inicio de curso parlamentario se adelantó a la tradicional cuesta de septiembre. Entre el 27 y el 30 de agosto se aglutinó un gran número de convocatorias que obligó a sus Señorías a adelantar el regreso de sus vacaciones.
El reencuentro se produjo en primer lugar en la Diputación Permanente del Congreso, donde se debatió la solicitud de comparecencia de hasta doce miembros del nuevo ejecutivo, incluido el propio presidente del Gobierno. Precisamente la suya y la de la entonces ministra de Educación, Isabel Celaá, fueran las únicas rechazadas. Aunque previamente los grupos proponentes habían retirado las de Meritxell Batet (Política Territorial y Asuntos Públicos), Teresa Ribera (Transición Ecológica), Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo) y la de Josep Borrell (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
En consecuencia, quedaron convocadas sesiones extraordinarias en las siguientes comisiones para atender las explicaciones de sus respectivos ministros:
- Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado de Violencia de Género (Carmen Calvo)
- Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Magdalena Valerio)
- Comisión de Interior (Fernando Grande-Marlaska)
- Comisión de Hacienda (María Jesús Montero)
- Comisión de Fomento (José Luis Ábalos)
- Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (Luis Planas)
Marlaska, en el punto de mira
A diferencia de ministros como Montero o Planas, que acudieron a dar cuenta de aspectos más rutinarios como los nombramientos en empresas que pertenecen a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o el acuerdo pesquero alcanzado entre la Unión Europea y Marruecos, Marlaska se enfrentó a un orden del día más amargo.
Tras un arranque al frente de la cartera de Interior plagado de polémicas, la oposición urgió al ministro a explicar las razones del cese del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, por «pérdida de confianza». También para profundizar en las informaciones publicadas sobre el traslado de presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco durante el verano.
Sobre este aspecto, el ministro insistió en que a diferencia de la destinación de los presos a centros más próximos al entorno familiar, como consecuencia de un cambio de grado penitenciario, «los traslados, en cambio, no son beneficios penitenciarios«:
Durante la comisión, Marlaska también tuvo que responder a cuestiones ligadas a los graves altercados que se produjeron en la frontera del Ciudad Autónoma de Ceuta tras el cruce ilegal de 602 personas en el que resultaron heridos una veintena de guardias civiles.
Un gesto cuestionado
Si en el Congreso la (fallida) solicitud de comparecencia del presidente del Ejecutivo pretendía que Sánchez ahondara en su programa de gobierno, en los pactos alcanzados con otras fuerzas y en lo discutido en el Consejo Europeo celebrado en junio, en la Diputación Permanente del Senado el pretexto era más concreto: informar sobre la crisis migratoria.
En la memoria aún coleaba el Aquarius, el buque que atracó en Valencia 17 días después de la llegada de Sánchez a la Moncloa, con 629 migrantes abordo. En el que se convirtió en el primer gran gesto de su mandato, el presidente ofreció un puerto seguro a la embarcación que llevaba semanas a la deriva tras la negativa de países como Italia o Malta a acogerlo.
La estrategia del PP pasó por asegurar que Sánchez «no tiene una política migratoria, bueno, ha tenido una ayer, otra anteayer, otra mañana; tiene muchas políticas migratorias pero ninguna clara». A juicio del senador popular José Ignacio Landaluce, el Gobierno había usado «el Aquarius como un recurso político demagogo».
Acusaciones cruzadas en el Senado
Para el PSOE esta solicitud del Grupo Popular era «materialmente imposible». El motivo es que la sesión se estaba celebrando un 29 de agosto, el periodo extraordinaria concluía el día 31, y Sánchez se encontraba en esos momentos de viaje oficial en Latinoamérica.
En el turno en contra por el PSOE tomó la palabra Begoña Nasarre, que instó al PP a dejar de «utilizar la mayoría absoluta que poseen en esta Cámara para desvirtuar el papel que le otorga la Constitución español».
La iniciativa fue aprobada gracias a la mayoría popular en la Cámara Alta pero, como ya advertían en las filas socialistas, esta no pudo llegar a materializarse.
Licencias en lucha
El verano de 2018, también será recordado por el conflicto entre los taxis y los VTC (alquiler de vehículos con conductor). Las huelgas y los cortes en las carreteras de Madrid y Barcelona obligaron al ministerio de Fomento a mediar entre las partes. Los taxistas pedían al departamento de Fomento que limitase las licencias de VTC que usan las compañías Uber y Cabify.
En consecuencia, la solicitud de comparecencia del ministro tenía como pretexto dar a conocer el desarrollo de las negociaciones y la propuesta del Gobierno. Para Ábalos el problema era «un espacio urbano con una actividad que compite de modo desigual en ese ámbito». Además, confirmó que el Ejecutivo estaba absolutamente favorable a una limitación de licencias de VTC.
Las explicaciones no convencieron al Grupo Popular y su diputado Alberto Herrero acusó al ministro de haber «desordenado» lo que el Gobierno de Rajoy había ordenado a la par que cargaba contra la moción de censura:
El Congreso registró actividad extraordinaria hasta el día 30 de agosto. La semana siguiente arrancó un curso que concluiría de forma precipitada por la disolución de la XII Legislatura y con Pablo Casado estrenándose como líder de la oposición.
