La actualización normativa en materia de seguridad de ascensores está comenzando a tener un impacto directo en miles de comunidades de propietarios en España.
La aplicación del Real Decreto 355/2024, que refuerza los requisitos técnicos de los elevadores, obligará en muchos casos a realizar adaptaciones y mejoras obligatorias, lo que puede traducirse en derrames de costes significativos para los vecinos.
Nuevas exigencias de seguridad
La normativa no exige la sustitución generalizada de los ascensores, sino su adecuación progresiva a nuevos estándares de seguridad. Estas adaptaciones se activan tras las inspecciones periódicas obligatorias, cuando se detectan incumplimientos técnicos.
Entre las medidas más habituales se encuentran la mejora de la nivelación de la cabina, que debe quedar completamente a ras de suelo para evitar tropiezos, y la instalación de sistemas de protección frente al cierre de puertas, mediante sensores que eviten atrapamientos.
También se refuerza la obligatoriedad de disponer de un sistema de comunicación bidireccional dentro de la cabina, que permita contactar con servicios de emergencia en caso de incidencia, así como controles que impidan la operación del ascensor si se supera la carga máxima permitida.
Impacto económico en comunidades de vecinos
El impacto económico de estas reformas dependerá del estado y la antigüedad de cada instalación. Los ascensores más antiguos, especialmente aquellos con más de dos décadas de uso, serán los más afectados, ya que requerirán intervenciones más profundas.
Algunas mejoras puntuales, como la instalación de sistemas de comunicación o sensores de seguridad, pueden situarse en torno a los 1.000 euros, mientras que intervenciones más complejas, como la sustitución de guías o sistemas de tracción, pueden elevarse entre 15.000 y 40.000 euros, en función de la dificultad técnica.