El Partido Popular y Vox han reclamado este miércoles la dimisión del presidente del Principado, Adrián Barbón, al entender que en la administración autonómica se han producido "fallos" y una "actuación negligente" tras conocerse el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente del 31 de marzo en la mina de Cerredo. El jefe del Ejecutivo asturiano ha rechazado esa lectura y ha acusado a la oposición de "no querer conocer la verdad" porque, según ha señalado, "lo único que les obsesiona es que caiga el gobierno progresista".
Durante la sesión de control en la Junta General, el portavoz del PP, Álvaro Queipo, ha cuestionado a Barbón sobre si "podría haberse evitado el accidente si la Administración no hubiese actuado de forma negligente", a la luz de las conclusiones del informe. Además, le ha reprochado "bloquear" la comisión de investigación parlamentaria, actuar en "huida hacia delante" e intentar "tapar la verdad", sosteniendo que hay "responsabilidades políticas evidentes" que deben asumirse.
Queipo ha acusado al presidente socialista de haber "premiado" a responsables políticos implicados en la gestión del caso, citando a Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz. "Debe cesar y pedir el cese de estas personas de forma inminente; ya tendrían que haber cesado. Y creo que usted, si tiene un poco de altura política, debería plantearse su dimisión", ha afirmado el dirigente popular.
El líder del PP de Asturias ha censurado lo que considera un "comportamiento cobarde" de Barbón por negarse a acudir a un pleno monográfico en la Junta General, y ha tildado de "mezquino" que, a su entender, intente "repartir responsabilidades en cualquier lugar menos en usted". También ha alertado de que el presidente podría estar tratando de encontrar "un cabeza de turco" entre funcionarios o miembros del Ejecutivo para cargarles con las consecuencias del siniestro.
En la misma línea, ha subrayado que su partido no ampara ni va a amparar a una empresa cuya actividad era ilegal y será enjuiciada. "Es muy miserable insinuarlo, que pudo hacer lo que hizo precisamente por la negligencia del Gobierno que usted preside", ha recriminado a Barbón.
Por su parte, la portavoz de Vox, Carolina López, ha interpelado al presidente sobre si asume las responsabilidades derivadas del informe de la Inspección General de Servicios acerca del funcionamiento del Servicio de Minas, al entender que el documento pone de manifiesto un "fallo político".
López ha recordado que el Ejecutivo disponía de informes previos desde 2021 sin haber impulsado actuaciones, y ha denunciado "el fallo sistemático de su gobierno con el control de la actividad minera", el empleo de figuras administrativas "sin regulación", el debilitamiento de los servicios de inspección y la existencia de advertencias anteriores que no fueron atendidas.
La portavoz parlamentaria ha recalcado que el informe es "contundente" y sitúa a Barbón como "máximo responsable político", acusándole además de "pasividad" y de no haber reforzado los controles tras las alertas recibidas. Ha añadido que el Ejecutivo ha transformado la Administración en una estructura "ineficaz" al servicio de intereses partidistas y le ha afeado no haber actuado antes del accidente pese a contar con información previa.
En su respuesta, el presidente del Principado ha rechazado las críticas de PP y Vox y ha defendido que su Gobierno ha asumido las conclusiones del informe de la Inspección General de Servicios, asegurando que incluso ha ido "más allá" al poner en marcha sus 11 recomendaciones, crear un nuevo servicio y suspender determinadas autorizaciones. Ha acusado a la oposición de "utilizar el dolor de las familias para hacer política" y de perseguir únicamente "que caiga el Gobierno progresista" y "no querer saber la verdad".
Barbón ha reiterado que el informe no establece una relación de causalidad entre la reorganización administrativa acometida y el accidente, y ha sostenido que las inspecciones previas fueron correctas, puesto que en las visitas realizadas no se detectó actividad extractiva ilegal. Ha remarcado igualmente que el documento no concluye en ningún punto que la figura de Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) sea ilegal.
El presidente ha reivindicado además la transparencia del Ejecutivo al encargar el informe a la Inspección General de Servicios y remitirlo tanto a la Fiscalía como a la comisión parlamentaria de investigación, negando que exista una "negligencia estructural" derivada de la fusión de servicios, y recordando que hay modelos organizativos similares en otras comunidades autónomas.