El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha escogido a sus compañeros de viaje en la XV Legislatura. Ha diseñado un Ejecutivo de 22 ministerios, cinco de los cuales los atesorará Sumar. Yolanda Díaz, como estaba previsto, repetirá como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Junto a ella, Mónica García como ministra de Sanidad; Ernest Urtasun al frente de Cultura, Pablo Bustinduy asumirá Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Sira Rego será ministra de Juventud e Infancia.
Sanidad, una clave de bóveda
Todos ellos tienen ante sí importantes retos, puesto que lideran ministerios con deberes pendientes o nuevos proyectos importantes que serán piedras angulares del Ejecutivo. En este sentido, la hasta ahora portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, es una de las ministras que más tarea – y de envergadura- tiene por delante.
Para abrir boca, lo más inmediato: la evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS). Se trata de un minucioso procedimiento consistente en el análisis de los medicamentos, productos sanitarios, pruebas de diagnóstico, procedimientos médicos y tratamientos, entre otros, con el objetivo de decidir su rol en la cartera de prestaciones sanitarias. El Gobierno ya dio los primeros pasos y tenía previsto aprobar en su horizonte más próximo el Real Decreto por el que se regula la evaluación de las tecnologías sanitarias. La situación apremia ya que, actualmente, existe un importante vacío en España en cuanto al desarrollo normativo de la ETS. Pronto comenzarán a aplicarse en su totalidad el Reglamento (UE) 2021/2282 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2021 y es necesario completarlas con aspectos cuya competencia descansa en los Estados miembro. La urgencia también responde a la reciente sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que tumbó el Plan para la Consolidación de los Informes de Posicionamiento Terapéutico de los Medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, que hasta ahora sustentaba la ETS para medicamentos.
El Gobierno preveía aprobar un real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias y tiene pendiente una reforma de medicamentos.
En otro orden de cosas, García hereda también como asignatura pendiente una reforma sobre medicamentos, en concreto, relacionada con el uso racional de los mismos y de otros productos sanitarios. Y por si fuera poco, en la pasada legislatura decayó el ansiado Proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud por las discrepancias entre socialistas y morados; y no dio tiempo a concretar la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP).
Todo lo anterior no son sino compromisos heredados que quedaron pendientes, por lo que la tarea se engrosaría con todo lo acordado en el documento de coalición y que se pretende aterrizar a lo largo de la legislatura: un plan para reducir las listas de espera drásticamente, la mejora de la Atención Primaria, la ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir tratamientos bucodentales y oftalmológicos para jóvenes y un Pacto de Estado por la Salud Mental que incluiría un aumento del número de psicólogos y psiquiatras para rebajar las listas de espera.
Ferviente defensora de la Sanidad Pública Mónica García, de 49 años, compaginó su profesión médica con la política y en 2015 llegó a la Asamblea de Madrid como diputada de Unidas Podemos después de tener un papel relevante en las protestas de las mareas blancas en defensa de la sanidad pública. En 2019 abandonó Unidas Podemos para integrarse en las listas de Más Madrid de Iñigo Errejón. Durante las elecciones anticipadas de 2021, la anestesista tuvo un papel decisivo cuando Pablo Iglesias quiso liderar un frente de izquierdas contra Isabel Díaz Ayuso, a lo que Mónica García se negó. Ella misma se define en redes sociales como “médica y madre de tres hijos con la mirada puesta en la sanidad pública”.
Un ministro para más Cultura
La mano derecha de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, ha sido el elegido para ser ministro de Cultura, por lo que tendrá ante sí el desafío de renovar las instituciones y consolidarla como un derecho de la ciudadanía.
Una de las prioridades que se fijaron Sánchez y Díaz es la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (Inaem), cuya fundación se remonta a 1985. Además, tendrá que dibujar la nueva Ley de Derechos Culturales, que fue anunciada por Sánchez en su discurso de investidura; y avanzar en el desarrollo del Estatuto del Artista.
Al igual que su compañera García con Sanidad, Urtasun tiene deberes pendientes. En primer lugar, la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Este ente asumirá los trabajos que actualmente sobre la subdirección General de Propiedad Intelectual, dependiente de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, adscrita a la Secretaría General de Cultura y Deporte, que respondía ante el entonces Ministerio de Cultura y Deporte. El objetivo es crear un organismo que cuente con los recursos y herramientas necesarias para afrontar la revolución del sector. La ley decayó en la pasada legislatura por falta de tiempo ante el adelanto electoral.
Urtasun también ha de abordar uno de los articulados más determinantes para la industria audiovisual: la ley del Cine. Como la de derechos de autor, decayó, y el sector urge a adaptar la legislación a los nuevos tiempos. Los puntos de fricción son la ventana de exhibición y la cuota de pantalla.
Aunque la cartera encargada de la nueva norma que regula las enseñanzas artísticas será Educación, Cultura también prevé participar, por lo que se coordinaría con Pilar Alegría.
Por último, se espera un Plan de Infraestructuras Digitales Públicas para garantizar el acceso, alojamiento, distribución y protección de obras en el ámbito digital”.
El retorno Urtasun, de 41 años y miembro entonces de Iniciativa per Catalunya, fue asesor del eurodiputado Raül Romeva, que terminaría pasando a ERC y siendo condenado por su participación en el proceso independentista, fue elegido diputado por La izquierda Plural en 2014 y por Unidas Podemos por Europa en 2019. En el Parlamento Europeo es vicepresidente del grupo de Los Verdes, una carrera europea que le ha costado abandonar para ser ministro por Sumar, formación que lo recuperó para la política española al nombrarlo el pasado verano portavoz de su campaña para las elecciones generales.
Bustinduy para la legislatura de la Dependencia
El nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, tiene entre sus retos más acuciantes la reforma del artículo 49 de la Constitución española, que habla de “disminuidos” para adaptar su redacción. Tiempo ha que lleva enquistada, pero se espera que la propuesta genere un importante concierto, también del PP.
Asimismo, el nuevo ministro deberá seguir abundando en el pleno desarrollo de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad; concretar el compromiso del acuerdo entre PSOE y Sumar sobre la financiación de la Dependencia; rematar la ley de Cuidados y la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, cuyo Proyecto impulsado por Consumo decayó en la pasada legislatura. El Gobierno rescató vía real decreto el derecho al olvido oncológico y la supresión de las cláusulas para personas con VIH/Sida, pero el resto quedó pendiente.
Ecos del pasado Bustinduy, de 40 años, que fue miembro de la Ejecutiva de Podemos como secretario de Internacional desde 2015 y diputado y portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Asuntos Exteriores desde 2016. Adscrito a la corriente "errejonista", cuando Errejón abandonó el partido a comienzos de 2019 para unirse al Más Madrid de Manuela Carmena, él renunció a ser cabeza de lista a las elecciones europeas de mayo de ese año y dejó la política, hasta que Sumar lo recuperó este verano como uno de sus portavoces de campaña, en su caso de Exteriores.
Sira Rego para la Protección a la Infancia
Completa el listado de ministros de Sumar Sira Rego, de Izquierda Unida, que se situará al frente de Juventud e Infancia. Sánchez comunicó que sería un ámbito al que dedicará especial atención y Rego ya tiene ante sí dos cuestiones importantes: el refuerzo de la nueva ley de Protección Integral a la Infancia y la reforma -de la mano de Justicia- para que la responsabilidad civil no prescriba en los delitos de abusos sexuales a menores, especialmente en el seno de la Iglesia.
Asimismo, tendrá que afrontar uno de los desafíos como país más complejos y sensibles: la pobreza infantil, que en España se sitúa en el 27,8%, según los últimos datos del INE.
La ministra de IU Diplomada en Nutrición humana y Dietética por la Universidad Autónoma de Madrid, Rego consiguió su primer cargo político en las elecciones municipales de 2007 y entre 2015 y 2019 fue primera teniente de alcalde de Pedro del Cura en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. En la ejecutiva federal de IU desde 2017, es su portavoz desde el año pasado. En 2019 fue el número 2 de la candidatura de Unidas Podemos a las elecciones europeas y es eurodiputada desde entonces, puesto que tendrá que abandonar para ocuparse del Ministerio de Juventud e Infancia. En las generales de julio, renunció a ir en las listas para dar paso a otros compañeros dentro del difícil encaje entre los partidos que se coaligaron en Sumar.