El presidente del Gobierno en funciones y candidato al debate de investidura -aún sin fecha-, Pedro Sánchez, ha incluido a sindicatos, patronal y asociaciones en la ronda de contactos. El objetivo no es solo recabar el apoyo necesario de los grupos parlamentarios para ser investido, sino escuchar las demandas de los sectores. El pasado miércoles se reunió con varios representantes de asociaciones del sector cultural y les trasladó que, entre otros compromisos, está decidido a aprobar una nueva ley del Cine.
El Proyecto de ley del Cine y de la Cultura Audiovisual fue uno de los daños colaterales de la disolución de las Cortes Generales con motivo de la convocatoria electoral anticipada. La iniciativa se encontraba en stand by al calor de las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas ya que el Grupo Socialista apostaba por encarrilar primero el Proyecto de ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, que también decayó.
El sector ansiaba una nueva ley que actualizase la carcasa legislativa, que no se modificaba desde 2007 a pesar de la exponencial evolución tecnológica. En este sentido, el secretario general del PSOE se comprometió durante la reunión a tramitar la reforma de la ley del Cine. “El audiovisual español es una referencia internacional, y necesita un marco legislativo moderno para consolidar su futuro”, esgrimió.
“El audiovisual español es una referencia internacional, y necesita un marco legislativo moderno para consolidar su futuro».
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones.
Asimismo, ha anticipado que completaría el desarrollo del Estatuto del Artista, adecuaría la legislación a la excepción cultural especialmente para los autónomos, retomaría la creación de la Oficina de Derechos de la Propiedad Intelectual y disponer las herramientas necesarias para afrontar los retos de la Inteligencia Artificial en el marco de la defensa de los derechos de los creadores.
Los retos del sector
Según fuentes conocedoras de las negociaciones, la cuota de pantalla y la ventana de exhibición son los principales puntos de fricción entre los agentes del sector.
La ley vigente fija a las salas de cine un porcentaje mínimo del 25% para cine comunitario como medida de protección. El Proyecto de ley relajaba esta imposición en 5 puntos, hasta el 20%; y para su cumplimiento se incluiría, además del cine europeo, el cine iberoamericano; a lo que habría que sumar que existen una serie de factores de valor doble a la hora de calcular el cómputo global anual.
Para las productoras independientes esto no es suficiente. Tal y como publicó Demócrata, urgen a endurecer la cuota y elevar el porcentaje al 40%, estableciendo además un límite de pantallas por película.
Puntuación doble: a) Películas comunitarias o iberoamericanas de ficción en versión original subtitulada a alguna de las lenguas oficiales españolas, o a alguna de las reconocidas estatutariamente de las Comunidades Autónomas. b) Películas comunitarias o iberoamericanas dirigidas exclusivamente por mujeres. c) Películas comunitarias o iberoamericanas de animación. d) Películas documentales y experimentales comunitarias o iberoamericanas. e) Programas compuestos por grupos de cortometrajes comunitarios o iberoamericanos cuya duración total sea superior a sesenta minutos. f) Películas comunitarias o iberoamericanas que incorporen sistemas de accesibilidad para personas con discapacidad física o sensorial, tanto la traducción a la lengua de signos como el subtitulado y la audiodescripción. g) Películas comunitarias o iberoamericanas que se proyecten en salas o complejos cinematográficos que en el transcurso del año de cómputo obtengan una recaudación bruta inferior a 200.000 euros. h) Películas comunitarias o iberoamericanas cuando permanezcan en explotación en una misma sala más de diecisiete días consecutivos o un período consecutivo en el que existan tres fines de semana.
Las productoras independientes celebran la iniciativa mientras desde FECE (Federación de Cines de España) no ven con buenos ojos la rebaja de la cuota de pantalla porque entienden que no es suficiente. En su lugar, apuestan por suprimirla y dar incentivos al espectador, invirtiendo en promoción y publicidad para las películas. En sintonía, además de la supresión de la cuota de pantalla, FECE pide eliminar las infracciones y sanciones que conllevaría su incumplimiento.
La ventana de exhibición, es decir, el margen de tiempo que los cines tienen para poder mostrar una película en exclusiva antes de que salga en formato físico, en streaming o en plataformas de VOD (video-on-demand) es otro de los grandes puntos de fricción.
La legislación actual no lo regula y las salas de cine piden que sí se ataje. FECE solicita que las películas cinematográficas y demás obras audiovisuales que se proyecten o estén destinadas a proyectarse en primer término en salas de cine, habrán de disponer de un periodo de exclusividad de proyección de cuatro meses antes de ser difundidas por cualquier otro medio o soporte. Este plazo podría ser negociado entre las organizaciones intervinientes en la cadena cinematográfica.