QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El 16 de noviembre de 2022 entró en vigor el Reglamento de Servicios Digitales (2022/2065), más conocido por su nombre en inglés, la Digital Services Act (DSA). Un nuevo marco normativo comunitario que impone a los servicios de plataforma en línea e intermediarios digitales (como redes sociales, marketplaces, motores de búsqueda, tiendas de aplicaciones y plataformas de alojamiento en línea) un paquete de obligaciones específico en función de su naturaleza y las características de su servicio.
Este domingo, se cumplen tres años de su entrada en vigor y España tiene muchos deberes pendientes. Con este contexto, una veintena de organizaciones sociales, políticas y comunicativas, se han dirigido a todos los grupos parlamentarios para pedir que aceleren las reformas pendientes necesarias para su implementación.
«Los españoles gozan de menos garantías y de una protección menor de la que tienen otros millones de ciudadanos europeos», denuncia el comunicado. Entre los firmantes se encuentran entidades como Amnistía Internacional, Maldita.es, Talento Futuro, Equipo Europa o la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU).
En concreto, ponen el foco en la figura de los Coordinadores de Servicios Digitales que desempeñan un papel fundamental, ya que actúan como autoridades independientes encargadas de gran parte de la ejecución de la normativa. Entre otras, cuenta con amplias facultades de supervisión, investigación y sanción sobre los prestadores de servicios establecidos en España, tales como solicitar el acceso a los datos y sistemas algorítmicos de moderación y recomendación de contenidos y publicidad, ordenar inspecciones e imponer multas a los intermediarios en caso de incumplimiento del Reglamento.
Aunque España ha designado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como la entidad responsable de asumir esta función, «las Cortes Generales aún no han aprobado las reformas necesarias para otorgar a la CNMC las competencias y recursos imprescindibles para implementar la DSA de manera efectiva», como advierte el texto. En este sentido, recuerdan que la Comisión Europea ya decidió hace cinco meses llevar a España y otros cinco estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la DSA.
Minuto y resultado
El 23 de diciembre de 2024 el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 9/2024 mediante el cual se introdujeron reformas para adaptar el marco normativo a las nuevas funciones de la CNMC como coordinador de la DSA en España; sin embargo, el decreto no fue convalidado por el Congreso.
Por otro lado, el pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley para la Mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, con el que el Gobierno quiere incorporar al ordenamiento jurídico nacional parte de dos reglamentos comunitarios: la DSA y el Reglamento UE 2024/1083, para establecer un marco común para los servicios de medios de comunicación y de modificación de la Directiva que armoniza ciertos aspectos de las regulaciones nacionales. La iniciativa se encuentra en estos momentos en la fase de plazos de enmienda.
Aunque en el comunicado se alude a que «hay propuestas en trámite parlamentario que abordan la cuestión», las asociaciones firmantes denuncian que España sigue
incumpliendo sus obligaciones tres años después de la entrada en vigor de la ley.
Mediante este escrito instan a todos los grupos parlamentarios a trabajar «en la medida de sus posibilidades» para cumplir con la DSA y dotar a la CNMC de las facultades legales y otros recursos necesarios para cumplir sus tareas como Coordinador de Servicios Digitales. Un paso que consideran imprescindible y que beneficiaría «enormemente a la ciudadanía frente a las estafas, el contenido ilegal y otros tipos de desinformación en Internet».
