La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Ecologistas en Acción, la Plataforma Aliente y la Plataforma de Afectados por el Parque Solar Fotovoltaico “Haza del Sol” escenificaron este lunes en Guadalajara su rechazo rotundo al proyecto fotovoltaico proyectado en Fuentelencina, reclamando una moratoria inmediata que abra un periodo de diálogo y revisión del expediente.
Ante numerosos agricultores presentes en la comparecencia, estas organizaciones denunciaron la “falta de información” por parte del Ayuntamiento de Fuentelencina, criticaron la actuación de la Junta de Castilla-La Mancha y exigieron públicamente el cese del delegado provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, que al mismo tiempo ostenta la Alcaldía del municipio afectado.
El proyecto “Haza del Sol” prevé una planta fotovoltaica de 275 hectáreas —2,75 millones de metros cuadrados— y una línea de evacuación de 41 kilómetros que cruzaría varios municipios de la provincia hasta enlazar con Madrid. De acuerdo con APAG, el parque supondrá una “agresión” para el sector agrario, el paisaje y el ecosistema de la Alcarria.
El presidente de APAG, Juan José Laso, sostiene que la infraestructura “no aporta ningún beneficio” a la provincia y que solo servirá para exportar energía fuera del territorio. “Esto va a ser una cicatriz más para transferir energía a Madrid, sin ningún beneficio para los que habitamos el medio rural de Guadalajara”, ha afirmado.
Laso defiende que el Ayuntamiento todavía cuenta con herramientas urbanísticas y administrativas para frenar o replantear la instalación, y ha reclamado la aprobación de una moratoria municipal “para abrir un periodo de discusión y diálogo”. Uno de los puntos más controvertidos de la comparecencia fue el doble cargo de Santos López Tabernero como alcalde de Fuentelencina y delegado provincial de Agricultura, situación que APAG considera “incomprensible” al entender que respalda un proyecto perjudicial para agricultores y ganaderos.
“Un delegado de Agricultura tiene que apoyar al sector agrícola y defender las incorporaciones de jóvenes agricultores, no ser un adalid de empresas fotovoltaicas”, ha declarado Laso, que ha pedido al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, que lo cese “y explique por qué favorece un proyecto que va contra los intereses agrícolas de la provincia”.
La Plataforma de Afectados ha denunciado además que propietarios y agricultores no tuvieron constancia oficial del proyecto hasta febrero de este año, cuando comenzaron a recibir cartas de la empresa promotora proponiendo contratos de alquiler o advirtiendo de posibles expropiaciones. Su portavoz, Aurelio Urigoga, ha explicado que los vecinos se sintieron “desprotegidos” y ha reprochado que el Ayuntamiento “en ningún momento” les informara previamente de la tramitación. “O cedíamos las tierras por 1.000 euros por hectárea o nos las quitaban”, ha resumido.
Según ha indicado, muchos afectados no pudieron presentar alegaciones en fases anteriores porque desconocían la publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado. “Ningún agricultor de Fuentelencina se lee el BOE todos los días”, ha lamentado, al tiempo que ha cifrado en más de 50 los afectados directos e indirectos entre propietarios, agricultores y explotaciones agrarias vinculadas tanto al área de la planta como al trazado de la línea de evacuación.
Durante la rueda de prensa se advirtió también del impacto económico para los jóvenes agricultores que se han incorporado recientemente al sector con ayudas públicas. Víctor Plaza, representante de Jóvenes Agricultores de APAG y vecino de Fuentelencina, ha alertado de que algunos podrían incumplir los compromisos adquiridos con la Administración si pierden sus tierras de cultivo. “Hay jóvenes que han invertido en maquinaria, modernización y explotaciones y ahora podrían verse obligados a devolver ayudas públicas”, ha denunciado, añadiendo que “mientras unas administraciones fomentan el relevo generacional, otras permiten proyectos que nos expulsan del territorio”.
Ecologistas en Acción y Aliente se han sumado a las críticas, denunciando la “prepotencia” de las empresas promotoras y cuestionando especialmente las cartas enviadas a los propietarios con plazos de 15 días para aceptar acuerdos antes de iniciar eventuales expropiaciones. La organización ecologista asegura haber trasladado esta situación a la Consejería de Desarrollo Sostenible y reprocha la falta de una normativa autonómica clara que ampare a los propietarios frente a este tipo de iniciativas.
Los colectivos insisten en que no rechazan las energías renovables, sino el modelo de implantación elegido en este caso. Los afectados han puesto en duda, además, aspectos técnicos del expediente, como la inexistencia de un plan de desmantelamiento de la planta al final de su vida útil o la ausencia de estudios de seguridad específicos frente a incendios.
También han alertado de posibles afecciones a la fauna protegida y a explotaciones ganaderas cercanas, entre ellas una finca de caballos árabes situada junto al trazado previsto para la línea de evacuación. Técnicos de APAG recordaron que el proyecto inició su tramitación ambiental en 2021 y obtuvo posteriormente declaración de impacto ambiental favorable, aunque con modificaciones.
Sin embargo, han subrayado que sigue pendiente el procedimiento relativo a la declaración de utilidad pública y las expropiaciones, y han remarcado que todavía existen vías administrativas y municipales para tratar de detener el proyecto, en particular mediante nuevas alegaciones y a través de la ordenación urbanística local.
En esta línea, han mencionado ejemplos de municipios de Guadalajara que aprobaron moratorias o restricciones a instalaciones fotovoltaicas. “Se llenan la boca hablando de la España despoblada y del medio rural, pero luego permiten que se expulse a agricultores y jóvenes de los pueblos”, han resumido los convocantes.