Las federaciones UGT FICA y CCOO Industria en Almería han anunciado para el 19 de abril una asamblea y concentración en el anfiteatro de la Rambla de Almería, dirigida a las personas trabajadoras del manipulado y envasado de frutas, hortalizas y flores, ante el “bloqueo” en la actualización de su convenio colectivo, que lleva cerca de año y medio sin renovarse.
El encuentro, convocado a partir de las 11,00 horas, tiene como objetivo “informar de la estrategia sindical” y “repasar las reuniones celebradas hasta ahora con la patronal”, con la intención de organizar una “respuesta colectiva ante un proceso negociador que sigue sin desbloquearse”.
Las organizaciones recuerdan en una nota que el convenio provincial del sector expiró el 31 de diciembre de 2024. Este acuerdo regula las condiciones laborales de un segmento productivo que da empleo en la provincia a unas 30.000 personas, mayoritariamente mujeres, y que constituye uno de los pilares económicos del territorio.
La parte social plantea un aumento salarial del cuatro por ciento por encima del SMI y la reducción de la jornada semanal de 46 a 40 horas, en línea con el Estatuto de los Trabajadores y con el escenario de incremento del SMI hasta 1.221 euros mensuales en 2026.
En contraste, la patronal, integrada por Coexphal, Ecohal y Asempal-Agricultura, ha puesto sobre la mesa una oferta consistente en una “subida del 2 por ciento a partir de 2027, absorbible si vuelve a subir el SMI y sin pago de atrasos, además del aumento de la jornada irregular del 10 al 20 por ciento”, según denuncian los sindicatos, que consideran esta propuesta “un retroceso”.
La última reunión de la mesa negociadora se celebró el 13 de marzo y concluyó sin avances entre sindicatos y organizaciones empresariales, pese a la intervención de la Junta de Andalucía a través del delegado territorial de Empleo, Amós García, que ofreció a las partes los mecanismos de mediación del CARL y del Sercla Hortoinfo. Está fijado un nuevo encuentro para el mes de mayo.
Las centrales sindicales destacan que el pasado diciembre, en la provincia de Granada, se logró un preacuerdo que contemplaba una revisión salarial ligada al IPC, el abono de atrasos y un incremento retributivo de entre el 5,8 por ciento y el 7,4 por ciento según categorías, elevando el precio/hora hasta 9,77 euros.
Ese pacto se ha convertido en el referente de la parte social en Almería, que se niega a aceptar un convenio de mínimos en una provincia donde el sector “mueve un volumen de negocio millonario y exporta a toda Europa”.