Galicia, junto con once comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, ha enviado una misiva a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, en la que reivindican el “rigor técnico” aplicado en la gestión del lobo y censuran la “actitud arbitraria” del Gobierno central en esta cuestión.
En esta iniciativa se han unido Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Illes Balears, Madrid y Castilla y León, que reprochan al Ejecutivo querer “pretender declarar el estado de conservación de esta especie como desfavorable cuando los datos científicos indican que es favorable”.
Según explican en la carta, firmada por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el resto de responsables autonómicos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió un procedimiento extraordinario, no contemplado en la normativa, que “pretende convencer a la opinión pública de que las comunidades no fueron capaces de aportar con rigor todos los datos y la información necesarios”.
La Xunta detalla en un comunicado que en la documentación asociada a este trámite “se incluyen expresiones como valoraciones unilaterales y carentes de validación científica alguna que sugieren que la información recopilada por las comunidades no es fiable”.
En el escrito, las autonomías subrayan que “resulta contradictorio que este nuevo trámite solo se considere preciso para la documentación del lobo, y no se ponga en cuestión, en ningún momento, el trabajo realizado para otras especies, que se hizo con el mismo procedimiento, con los mismos participantes y con los mismos criterios”.
Asimismo, critican que el Ejecutivo estatal “tampoco respetó en el caso del lobo el procedimiento de comunicación y diálogo para la validación formal de los archivos remitidos”. En contraste, recuerdan que “sí hubo solicitudes de revisión por parte del Ministerio de cuestiones formales en los informes de otras especies, que fueron solucionadas en tiempo y forma”.
En relación con la metodología seguida, las comunidades denuncian que el Gobierno central se ampara en supuestas directrices de las autoridades comunitarias que, “o bien son falsas o bien siembran dudas sobre una supuesta inconsistencia de los datos autonómicos”.
Los gobiernos regionales también aluden a “interpretaciones subjetivas” que el Ministerio realiza de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Xustiza de la Unión Europea (TJUE), cuestionando así la base jurídica utilizada por el Ejecutivo.
Por último, los representantes autonómicos reclaman a la comisaria europea aclaraciones sobre unas recientes manifestaciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en las que aseguraba que ya había remitido “él mismo” los datos del lobo a la Comisión Europea, una información que, según denuncian las comunidades, no les fue comunicada ni compartida.