El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado este miércoles de la próxima convocatoria de ayudas de 2026 dirigidas a personas y entidades que, sin estar constituidas como grupos de desarrollo rural (GDR), impulsan proyectos alineados con los objetivos de las Estrategias de Desarrollo Rural (Leader) de estas asociaciones. Estas subvenciones, cofinanciadas por la Junta y la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), cuentan con un montante global que supera los 97 millones de euros para el periodo 2023-2027 y se destinarán tanto a iniciativas ya ejecutadas como a actuaciones previstas dentro de este marco temporal.
Según ha precisado la Junta en una nota, estos incentivos son una “herramienta clave” para el desarrollo sostenible, la cohesión territorial y la modernización del medio rural andaluz, al aportar recursos económicos para poner en marcha actuaciones que, de otro modo, no podrían llevarse a cabo.
El diseño de las estrategias por parte de los propios agentes locales de cada territorio refuerza la eficacia e impacto de las medidas subvencionadas sobre el tejido socioeconómico. La convocatoria se estructura en tres grandes líneas de ayuda: una orientada al impulso del sector agrario y forestal; otra destinada a promover la diversificación de la economía rural; y una tercera enfocada a respaldar proyectos que contribuyan a la conservación del medio rural, a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y a fijar población en estas zonas.
En lo que respecta a los beneficiarios potenciales, las bases recogen tanto a emprendedores como a empresas y entidades públicas o sin ánimo de lucro. En este grupo se incluyen autónomos, pymes, cooperativas, asociaciones, consejos reguladores de denominaciones de calidad o administraciones locales que promuevan iniciativas con capacidad para generar empleo, actividad económica o servicios de proximidad.
Además, ha señalado que el nexo común de estas personas o entidades es su “papel esencial” en la dinamización de los territorios rurales de Andalucía, al actuar como agentes económicos o sociales directamente vinculados con la realidad local de cada zona en la que operan. En la actualidad, en Andalucía hay reconocidos 48 grupos de Desarrollo Rural que abarcan la totalidad del territorio autonómico.
Distribución de los grupos de desarrollo rural por provincias
Por provincias, Almería cuenta con cuatro GDR (AlpujarraSierra Nevada Almeriense, Filabres-Alhamilla, Levante Almeriense y del Almanzora, y Los Vélez); Cádiz dispone de tres grupos (Campiña de Jerez y Costa Noroeste de Cádiz, Litoral de la Janda y Los Alcornocales y Sierra de Cádiz); Córdoba suma siete (Campiña Sur de Córdoba, Guadajoz-Campiña Este de Córdoba, Medio Guadalquivir, Los Pedroches, Sierra Morena Cordobesa, Subbética Cordobesa y Valle del Alto Guadiato); y Granada reúne ocho (Alpujarra-Sierra Nevada de Granada, Altiplano de Granada, Arco Noroeste de la Vega de Granada, Comarca de Guadix, Los Montes de Granada, Poniente Granadino, Valle de Lecrín, el Temple y la Costa, y Vega-Sierra Elvira).
En Huelva están reconocidos cinco GDR (Andévalo Occidental, Condado de Huelva, Costa Occidental de Huelva Guadi-Odiel, Cuenca Minera de Riotinto y Sierra de Aracena y Picos de Aroche); en Jaén funcionan siete (Campiña Norte de Jaén, Condado de Jaén, La Loma y Las Villas, Sierra de Cazorla, Sierra de Segura, Sierra Mágina y Sierra Sur de Jaén); en Málaga se contabilizan seis (Antequera, Axarquía, Guadalteba, Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda, Territorio Nororiental de Málaga y Valle del Guadalhorce); y en Sevilla operan ocho (Aljarafe-Doñana, Bajo Guadalquivir, Campiña y los Alcores de Sevilla, Corredor de la Plata, Osuna, Estepa y Sierra Sur de Sevilla, Gran Vega de Sevilla, Serranía Suroeste Sevillana y Sierra Morena de Sevilla).
Cada uno de estos GDR debe disponer de una Estrategia de Desarrollo Rural (Leader), que integra el conjunto de operaciones previstas para alcanzar sus metas y responder a las necesidades específicas de su ámbito de actuación. Para elaborar estas estrategias, los grupos desarrollan procesos participativos que garantizan la incorporación de medidas ajustadas a los intereses reales de la población local.