La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha concluido la evaluación de las peticiones presentadas al concurso de concesiones de la reserva de agua del embalse de Siles (Jaén). Tras este análisis, siete comunidades de regantes han resultado aptas para acceder a concesiones individuales de riego, mientras que otras dos han sido descartadas del procedimiento.
Desde el organismo de cuenca se ha señalado en una nota que se trata de “un paso decisivo para culminar el proceso de regularización de los regadíos previsto en el Plan Hidrológico de la Demarcación”.
Con la emisión de este informe de valoración, la CHG da por cerrada la fase técnica de estudio, revisión de posibles duplicidades y comprobación de las superficies declaradas, un trabajo “complejo” que ha implicado un examen minucioso de la cartografía disponible, la resolución de casos de doble concurrencia y la petición de documentación adicional a las entidades solicitantes.
El documento confirma que siete comunidades de regantes satisfacen las condiciones fijadas en el pliego de bases y podrán acceder a una concesión administrativa, mientras que dos propuestas han quedado fuera por no ajustarse a los criterios requeridos.
En total, la superficie regable definida supera ligeramente las 4.424 hectáreas. A partir de ahora, la CHG proseguirá con la tramitación particularizada de las concesiones para cada comunidad de regantes, de acuerdo con la normativa vigente.
La CHG ha subrayado “el importante esfuerzo” realizado por la Comisaría de Aguas para atender una reivindicación histórica de los regantes de la Sierra de Segura, un procedimiento que se puso en marcha en 2021 y que hará posible, por primera vez, el aprovechamiento regulado y sostenible de la reserva de 6,18 hectómetros cúbicos del embalse de Siles.
Esta medida, según la CHG, representa “un avance decisivo para garantizar el acceso ordenado al recurso y poner en valor una infraestructura largamente esperada por el territorio”.
La presa de Siles se inauguró en 2015, aunque quedó sin conducciones debido a las discrepancias entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía acerca de qué administración debía encargarse de ejecutarlas.