La Unión de Pequeños Agricultores de Castilla y León (UPA CyL) ha avisado de que la producción de cereales en la Comunidad sufrirá un recorte cercano al 40% en comparación con la campaña anterior, consecuencia directa de las “elevadísimas temperaturas sufridas en los últimos 15 días” y de la previsión de que se mantengan “al menos hasta el 11 de junio”.
En una nota remitida a los medios, la organización agraria detalla que esta ola de calor ha coincidido con la fase de granado de trigos y cebadas, un periodo que considera “clave para el correcto llenado del grano y para su peso específico”. Además, subraya que el impacto ha sido especialmente “devastador” en las provincias situadas en el sur y en el centro de Castilla y León, zonas con suelos más arenosos y secos, donde el cultivo es más vulnerable al estrés térmico.
De acuerdo con las estimaciones de UPA CyL, la recolección de este año quedará por debajo de la “media histórica” regional y no alcanzará los cinco millones de toneladas. En este contexto, la organización cuestiona la previsión lanzada a finales de marzo por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que auguraba una campaña “histórica” de 8,4 millones de toneladas, en línea con los resultados del pasado ejercicio.
Ante este escenario “límite”, condicionado también por “los bajos precios y los elevados costes de producción”, UPA CyL reclama a quienes asuman próximamente la Consejería de Agricultura que pongan en marcha “medidas extraordinarias”. En particular, plantea la puesta en marcha de ayudas directas dirigidas a los agricultores que no logren un aumento del 19% en trigo y del 24% en cebada respecto a la media histórica de los últimos 30 años.
Paralelamente, la organización insiste en la urgencia de establecer un control “estricto” sobre las importaciones de cereal con el fin de estabilizar las cotizaciones en origen. UPA CyL advierte de que la inacción de las administraciones podría desembocar en el “hundimiento de un sector que considera clave para la agricultura y la ganadería de Castilla y León, además de suponer un perjuicio de gravedad para la campaña venidera en el territorio”.
Por último, pide a las autoridades competentes que procedan a “flexibilizar” la aplicación de las normas medioambientales durante el periodo de recolección. La organización concluye que dichas exigencias “incrementan las limitaciones operativas de los productores y generan una serie de costes adicionales que penalizan directamente la cuenta de resultados de las explotaciones cerealistas”.