QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, informó que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no ha aceptado el acuerdo marco inicial para colaborar con clínicas privadas en la realización de pruebas diagnósticas debido a un ‘error informático insubsanable’, sin embargo, ha confirmado que los contratos actuales permanecen ‘vigentes, no se han paralizado ni tampoco se han modificado las tarifas’.
Ante las críticas del grupo parlamentario del PSOE, que acusó a la Junta de ‘forrar a las privadas’ que ‘hacen pruebas diagnósticas que se pueden hacer en la sanidad pública, donde hay instalaciones construidas y vacías, aparatos de última generación muertos de risa sin nadie que los utilice y miles de profesionales que se van por sus contratos miserables. Y, mientras tanto, hay un millón de andaluces esperando una prueba diagnóstica’, Hernández explicó que se optó por desestimar el acuerdo para ‘preservar la legalidad, la seguridad y la transparencia del proceso tras producirse un error informático. Un defecto insubsanable que ha requerido de una respuesta ágil como gestores que somos’.
La consejera añadió que se adoptarán acuerdos marco provinciales con una duración más limitada pero con la capacidad de implementarse más rápidamente, garantizando un modelo más eficaz y sin retrasos adicionales. Hernández destacó que esto no implica una privatización de la sanidad pública, sino todo lo contrario: ‘este Ejecutivo está reforzando la sanidad pública más que nunca, aumentando las inversiones, la plantilla y la actividad asistencial por medios propios y disminuyendo los conciertos’, mencionó, subrayando que el porcentaje de presupuesto dedicado a conciertos es ‘el más bajo de la historia’, con un 3,7%, en comparación con el 4,17% durante el gobierno socialista en 2018.
La diputada socialista Ángeles Ferriz reprobó las acciones de la consejera, argumentando: ‘Ustedes han decidido que las pruebas nos las hagan las privadas por vía de emergencia para poder hacerlo a dedo y, además, pagarles las tarifas que les dé la gana, porque estamos pagando esas pruebas a precio de oro. Ése es el único motivo por el que ustedes han paralizado un concurso público que anunciaron hace dos años, aunque han dicho que ha sido por un error informático insusanable. No cabe menos vergüenza. El problema es que detrás de todo esto están los pacientes.’
