QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Izquierda Unida Aragón ha expresado su descontento hacia el Gobierno de Aragón después de que se diera a conocer que la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos interpuestos contra la convocatoria de la Conferencia Sectorial promovida por el Ministerio de Juventud e Infancia. La organización ha pedido al Gobierno regional que deje de lado su postura ‘obstruccionista’ y atienda a sus responsabilidades relacionadas con la infancia y los derechos humanos.
Esta sentencia judicial, que también ordena el abono de las costas procesales de 3.000 euros, es, según Álvaro Sanz, portavoz parlamentario, ‘una primera sentencia que confirma la temeridad y mala fe con la que está actuando la consejera Susín’.
En una rueda de prensa, el diputado de Izquierda Unida ha demandado que Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia, asuma de manera personal los gastos judiciales, ‘por haber actuado de forma irresponsable y con una clara voluntad de obstrucción’. Sanz ha descrito esta táctica del Partido Popular como una ‘judicialización sistemática’ que intenta justificar una ‘insumisión reaccionaria’ ante los principios de solidaridad y protección de los derechos humanos.
Sanz también ha denunciado las afirmaciones de la consejera después del Consejo de Gobierno, tachándolas de ‘inaceptables’ y ‘rayando el racismo institucional’, al criminalizar a menores migrantes y alentar un falso estado de alarma social. Además, ha señalado la ‘falta de transparencia’ del Gobierno regional, acusándolo de esconder información tanto a las Cortes como al Ministerio y a los medios.
‘La señora Susín volvió a mentir sobre las cantidades que iba a percibir para la acogida de los 251 menores, ocultando información clave sobre el sistema público de protección’, ha indicado el portavoz.
Además, Izquierda Unida ha alertado que el colapso real del sistema de protección de menores es resultado de medidas como el cierre de centros –Lanuza I, el dispositivo residencial terapéutico, y próximamente Lanuza II–, la invisibilización de las 140 plazas del programa 17 Plus pensadas para la acogida de adolescentes, los recortes de 6,8 millones de euros en marzo, y la precariedad laboral que enfrentan los profesionales del sector.
‘Hace un año que el Ministerio trabaja para hallar soluciones solidarias y coordinadas entre Comunidades Autónomas. Ante esto, el PP solo ha mostrado bloqueo, opacidad y discursos alarmistas’, ha resumido Sanz, quien ha instado al Gobierno de Aragón a cambiar de rumbo, abandonar su actitud ‘insumisa’ y enfocarse en asegurar los derechos de la infancia más desprotegida, especialmente la de los menores migrantes.
