Canarias denuncia ir a ciegas con la nueva financiación autonómica y teme que no se apruebe en esta legislatura

Fernando Clavijo denuncia que Canarias sigue sin datos sobre la nueva financiación autonómica y alerta del bloqueo en las entregas a cuenta del Estado.

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que ve muy improbable que el futuro proyecto de ley de financiación autonómica llegue a aprobarse en la actual legislatura, al considerar que el Ejecutivo autonómico carece de “ninguna información” sobre reuniones, convocatorias o criterios que el Ministerio de Hacienda pretenda aplicar en un procedimiento “tan importante” para los recursos de las comunidades.

“Estamos a ciegas en algo tan importante como es cómo se distribuyen los recursos de todos los españoles para garantizar nuestro Estado de Bienestar, y cómo se distribuyen de manera justa y equitativa, de tal forma que no tengamos ciudadanos de primera y de segunda”, subrayó el jefe del Gobierno canario durante el pleno del Parlamento regional, en contestación a una cuestión planteada por el diputado Manuel García Casañas (PP).

El parlamentario popular insistió en la urgencia de encarar, por “justicia”, la reforma del sistema de financiación autonómica con la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, tras la salida de María Jesús Montero: “Canarias ha sido clara. Hemos pedido un sistema de financiación que sea solidario con otras comunidades autónomas, pero que también respete las singularidades de Canarias, nuestras lejanías, nuestra especificidad y sobre todo también los sobrecostes a los que estamos sometidos”, manifestó en la Cámara.

Clavijo explicó que el Ejecutivo canario, de forma “constructiva”, ha venido realizando su labor y ha reclamado al Gobierno central la documentación y los datos necesarios para participar en este proceso, sin haber recibido hasta ahora contestación alguna: “No sabemos absolutamente nada”.

“Sabemos que el pasado 5 de mayo se incluyó, en el Plan Anual Legislativo, el modelo de financiación autonómica, pero no tenemos ninguna información, ni las reuniones que se harán, ya sean bilaterales o no, ni las convocatorias del Consejo de Política Fiscal-Financiera, ni cuáles son los criterios en los que se va a basar ese futuro modelo de financiación. Ni tan siquiera nos han hecho las solicitudes de lo que pensamos u opinamos”, añadió el presidente regional, lamentando la falta de diálogo previo.

El dirigente autonómico trasladó también la “incertidumbre” que vive el Gobierno de Canarias, que, según recalcó, continúa “a ciegas” respecto al diseño del nuevo sistema de reparto. “No tengo más remedio que decir que seguimos a ciegas con el Gobierno de España. Y si ya digo mi opinión personal, dudo mucho que eso al final acabe saliendo de esta legislatura”.

Entregas a cuenta pendientes

En otra intervención, y a raíz de una pregunta del diputado Casimiro Curbelo (ASG), Fernando Clavijo compartió la “preocupación” del Ejecutivo autonómico por la falta de actualización de las entregas a cuenta que debe transferir el Estado para sostener los servicios públicos esenciales, una cuantía que en el caso de Canarias ascendería a 1.256 millones de euros.

“Al no haber presupuestos aprobados, las entregas a cuenta son las del último presupuesto aprobado, el de el 2023. Con lo cual, toda la subida de recaudación que ha tenido el Estado, fruto de las subidas de impuestos o fruto de la inflación que ha llevado, obviamente, a un incremento, no se está viendo reflejada”, explicó el presidente canario, aludiendo al impacto de esta situación en las finanzas regionales.

Clavijo recalcó que estos fondos deberían ir llegando a lo largo del ejercicio para cubrir los servicios públicos básicos y esenciales de la comunidad autónoma. “No nos podemos ver sometidos, no solo a unas estrechezas presupuestarias, sino también a tensiones de tesorería. Afortunadamente, la comunidad autónoma de Canarias, históricamente, ha sido gestionada con seriedad y con rigor”.

El presidente advirtió, además, de que si esas entregas a cuenta no se autorizan “en los próximos meses”, tanto Canarias como el resto de comunidades autónomas se verán obligadas a revisar “su prioridad de gasto”, con el consiguiente impacto en la planificación de sus políticas públicas.