QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Carlos Fernández Carriedo, en su rol de consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, ha confirmado que se efectuarán los pagos pendientes a las Cortes de Castilla y León ‘en cuanto pague el Gobierno de España’ y ha declarado que se evaluarán las implicaciones de compartir en plataformas digitales documentos internos del Consejo de Gobierno por Carlos Pollán, presidente de las Cortes.
Carriedo ha señalado que los retrasos en las transferencias del gobierno central, que aún no ha actualizado las asignaciones presupuestarias, han llevado a la Junta a no enviar aún los fondos del segundo y tercer trimestre al Parlamento regional ‘por prudencia en la gestión de la tesorería’, acumulando una deuda que supera los 600 millones de euros con la comunidad.
‘Estamos cobrando las mismas cantidades que en 2023, a pesar de que ya hay un Decreto Ley convalidado para su actualización, cada mes, el Gobierno adeuda en torno a 110 millones de euros a nuestra Comunidad’, ha detallado.
En respuesta a esta situación, ha priorizado ‘la cobertura de los servicios esenciales, como sanidad, educación, o servicios sociales, así como las ayudas de vivienda’. ‘Si había que retrasar algún pago, se ha hecho respecto a cuestiones más administrativas, como el caso de las Cortes, donde ya se abonó el primer trimestre y el resto se pagará tan pronto dispongamos de las cuantías estatales’, ha enfatizado, recordando que las Cortes tienen remanentes.
Entre estos remanentes, mencionó las sumas no gastadas para la celebración de la fiesta de Castilla y León en Villalar, que finalmente la Junta tuvo que costear parcialmente.
Sobre la filtración en la red social X del orden del día por Carlos Pollán, Carriedo expresó su ‘sorpresa’ y recalca que es un ‘documento de trabajo interno’. ‘Analizaremos en el ámbito de la Junta las consecuencias de que una autoridad pública ajena al Gobierno autonómico y sin acceso legítimo a esa información, la haya hecho pública en una red social. Es documentación que puede afectar a derechos de personas y no está destinada a su difusión previa’, ha afirmado.
El Gobierno autonómico, según Carriedo, publica de manera transparente todos los acuerdos post-reunión del Consejo de Gobierno, pero no durante las deliberaciones ni los órdenes del día antes de finalizar las sesiones, respetando así la privacidad y los procedimientos administrativos. Finalmente, ha subrayado que, más que investigar la filtración, es crucial ‘analizar las circunstancias y posibles consecuencias derivadas de su publicación en redes sociales’.
