QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, tanto el Grupo Popular como el Grupo Vox y los dos procuradores independientes han declinado la propuesta de ley sobre derechos y garantías al final de la vida, que ha sido presentada por tercera vez en las Cortes. En esta ocasión, fue impulsada por el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que ha retomado ‘exactamente’ y ‘literalmente’ el mismo texto que Francisco Igea había propuesto anteriormente y que fue aprobado por el PP durante el gobierno conjunto con Ciudadanos.
‘La lógica, la coherencia, la razón y la dignidad haría suponer que hoy el Partido Popular debería votar a favor de esta iniciativa’, argumentó Fernández, quien calificó de ‘lamentable, miserable y de absolutamente vergonzosa’ la decisión del PP de desechar esta propuesta de ley ‘por una cuestión de venganza personal’ hacia Igea ‘anteponiendo sus odios y sus fobias al derecho de las personas que están en sus últimos momentos, al derecho de las personas que están en sus últimos días’.
En concordancia, Igea criticó el rechazo a la ley como ‘el epítome del resentimiento en la política’ y del ‘resentimiento de un portavoz y de un grupo político que puso su instinto de venganza por delante de los derechos de la gente que se enfrenta al final de sus días’. ‘Esta Comunidad no se lo merece’, concluyó.
Paloma Vallejo, procuradora del PP, señaló que volver a registrar esta ley para su tramitación constituye ‘una burda manipulación’ del Parlamento y un acto de ‘filibusterismo’ y de ‘ostrucionismo parlamentario’, y se negó a participar en lo que describió como un circo. Recordó a Fernández que hace cuatro años enmendó completamente el texto de Igea que ahora defiende en su totalidad.
‘Va a ser cierto que la política hace extraños compañeros de cama’, comentó irónicamente Vallejo, aludiendo a la nueva alianza entre Fernández e Igea, quienes se han convertido en los ‘últimos mohicanos’ de sus partidos. ‘Váyanse, son un fraude, sólo intentan burlarse de este Parlamento’, exhortó.
Vallejo también subrayó que esta ley incluye derechos y obligaciones ya presentes en la legislación vigente y recordó que el primer documento fue apoyado por los ‘populares’ solo por el acuerdo de gobierno anterior, ‘no porque la creyésemos necesaria’, aclaró. Además, mencionó que el PP rechazó las enmiendas del Grupo Socialista al considerar que abrían la posibilidad de la eutanasia, la cual describió como ‘el fracaso de los paliativos’ en algunos casos.
‘Una vez más meten la patita por debajo para intentar imponer ese sesgo ideológico de extrema izquierda’, criticó Vallejo, defendiendo que la Consejería de Sanidad ha aumentado los recursos para los cuidados paliativos, mejorando así la atención a todos los enfermos y sus familias tanto en entornos hospitalarios como domiciliarios, y en zonas rurales y urbanas.
Por otro lado, la procuradora de Vox, Rebeca Arroyo, justificó su voto en contra porque la propuesta otorga capacidad de decisión a menores de edad e impone obligaciones a los profesionales sanitarios.
Finalmente, tanto el Grupo Socialista como el Grupo UPL-Soria ¡Ya! apoyaron la tramitación de la proposición de ley para garantizar que las promesas de la Junta no se conviertan solo en ‘mera palabrería, o peor, en pura hipocresía’, como afirmó el socialista Jesús Puente. Luis Mariano Santos, por su parte, abogó por un debate sereno y tranquilo ‘sobre un precepto tan personal e intransferible como el derecho de las personas al final de su vida’.
