QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso evaluará una importante reforma legal, que busca que las grandes corporaciones ofrezcan servicios de atención al cliente en las diversas lenguas cooficiales de España. Esta sesión representa uno de los últimos pasos antes de su posible aprobación en el Pleno.
La propuesta, parte de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, ha avanzado tras varias reuniones cerradas y ahora enfrenta una fase crítica donde se discutirán y votarán nuevas enmiendas. De ser aprobada, la próxima parada será el Pleno del Congreso la semana del 11 de noviembre, seguido por el mismo proceso en el Senado.
CRUCE DE VERSIONES CON JUNTS
El proyecto, promovido inicialmente por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo liderado por Pablo Bustinduy, ha sido modificado sustancialmente durante su revisión. Las enmiendas han establecido, entre otros, que solo las empresas con más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones deberán ofrecer este servicio multilingüe. Junts había llegado a un acuerdo con el Gobierno para incorporar esta obligatoriedad, que también incluye que la medida sea efectiva sin importar la ubicación geográfica de la empresa dentro del país.
Ante la confusión inicial, el Ministerio aclaró que la obligación solo aplicaría en regiones bilingües, restricción que se reafirmó en las últimas modificaciones parlamentarias, delimitando la aplicación a aquellas comunidades con más de una lengua oficial.
LÍMITE GEOGRÁFICO
Una enmienda crucial, consensuada también con Bildu y BNG, especifica que la atención deberá ofrecerse en la lengua oficial solicitada siempre y cuando la empresa opere en comunidades con más de un idioma oficial. Además, se ha reforzado que cualquier interacción como consultas o reclamaciones se podrá realizar en castellano o en la lengua cooficial correspondiente.
Por otro lado, se anticipa que durante esta sesión se proponga una enmienda para combatir las llamadas spam y se establezcan directrices claras sobre la renovación automática de contratos y servicios online, garantizando así mayores derechos a los consumidores.
