El Parlament ha dado este miércoles luz verde a que se tramite por el procedimiento de lectura única la proposición de ley que modifica el régimen sancionador de las “conductas que deslucen las infraestructuras ferroviarias”. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos de la Cámara, salvo la CUP, que ha votado en contra, y los Comuns, que han optado por la abstención.
La propuesta, impulsada por el grupo socialista, pretende retocar la Ley 4/2006 ferroviaria para incorporar como infracciones “destruir, deteriorar, alterar o modificar” cualquier elemento vinculado al servicio, incluido el material rodante, así como las pintadas realizadas sobre la infraestructura.
El articulado prevé un endurecimiento notable de las sanciones, que se multiplican por tres. Para las infracciones leves, se contempla desde una simple advertencia hasta multas que pueden alcanzar los 18.000 euros; las infracciones graves se castigarán con sanciones de entre 18.001 y 90.000 euros, mientras que las muy graves se penalizarán con importes que irán de 90.001 a 900.000 euros.
En la exposición de motivos, la proposición de ley subraya, con datos de Renfe, que en 2023 la eliminación de pintadas en los trenes supuso para Catalunya un gasto de 11,6 millones de euros, casi la mitad del coste total en el conjunto del Estado, lo que equivale a unos 32.000 euros diarios.
Una vez avalada en el pleno la tramitación por lectura única, se abre ahora un periodo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas tanto a la totalidad como al articulado. El debate y la votación definitiva de la norma podrían celebrarse en una de las próximas sesiones plenarias.