Las inspecciones realizadas en plazas públicas de las residencias de la Comunidad de Madrid registraron en 2025 un incremento del 8%, tal y como ha expuesto este lunes el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez, durante su comparecencia en la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea regional.
En su intervención, Álvarez ha sostenido que se están reforzando los recursos en todos los ámbitos con el objetivo de "continuar avanzando en calidad de la atención, que es imprescindible, el control, la innovación y el aumento de la red".
"Por supuesto que hay margen de mejora, sin ningún conformismo. La inspección en la Comunidad de Madrid está dimensionada frente a todo el resto de las comunidades con mayor número de inspecciones a las plazas públicas. El año pasado crecieron un 8%", ha reiterado el responsable autonómico.
Antes de su turno, la diputada de Más Madrid Diana Paredes ha reclamado reforzar la calidad asistencial y la participación de las familias tras advertir de que "a quien se atreva a quejarse" de las condiciones en los centros residenciales "van a ser expulsados".
"Podríamos hablar de hasta una docena de casos de los que se sabe gracias a trabajos imprescindibles como el que realizan las plataformas como Pladigmare. La atención no depende de un solo factor, sino de muchos que, en coordinación, deberían ser efectivos", ha recalcado la parlamentaria.
Paredes ha arremetido contra el Ejecutivo autonómico por "importarle poco" las ratios en las residencias o que las "mismas empresas las cumplan porque luego sus inspecciones son ineficaces e ineficientes". "Cuando la inspección se preavisa, ese día la dirección del centro mueve a las trabajadoras de una planta a otra, de una sala a otra, para que no se vea que hay ausencias y bajas laborales", ha denunciado.
ACREDITACIONES PARA PRESTAR SERVICIOS
En respuesta, el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia ha precisado que los técnicos de la Comunidad de Madrid llegan a efectuar hasta diez visitas al año en las residencias de gestión indirecta y ha remarcado que "por supuesto" la Comunidad de Madrid "pone requerimientos, sanciones y demás" cuando detecta incumplimientos.
"Desde este mes de noviembre todos los centros tienen que estar acreditados para poder prestar servicios en la reatención a la dependencia y se obligan unas ratios, unidades de convivencia y profesionales de referencia", ha indicado Álvarez, al detallar las nuevas exigencias.
En esta línea, ha añadido que "cuentan" con las familias y las plataformas a través de los órganos de participación establecidos por la Administración.
"Seguimos promoviendo la calidad, por supuesto que hay que mejorar todas las incidencias, hay que perseguirlas y corregirlas, pero evidentemente se está mejorando", ha concluido el director general.