El defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha advertido este martes de que "la brecha de desigualdad social no solo no se termina de atajar, sino que sigue creciendo" y ha subrayado que, "por mucho que digamos lo contrario, estamos dejando a gente atrás y no podemos mirar para otro lado, tenemos que ser conscientes de ello y hacer más por la verdadera aplicación de los derechos sociales".
Vera ha comparecido en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra para exponer el informe anual de la institución correspondiente a 2025, un documento que, según ha remarcado, "recoge la voz, no del Defensor, sino de esos miles de personas que no se sienten bien tratadas por las Administraciones o que no ven reconocidos sus derechos". A su juicio, "una parte de esos casos pone en evidencia que la brecha de desigualdad social no solo no se termina de atajar, sino que sigue creciendo" y ha incidido en que "esto no es un buen síntoma para nuestra sociedad y para su futuro, ni por supuesto para los colectivos vulnerables que la padecen".
Durante 2025, la oficina del Defensor del Pueblo de Navarra llevó a cabo 5.654 actuaciones, lo que supone 929 más que en 2024 y un incremento del 19,7%. Dentro de este balance, el área con mayor volumen de reclamaciones fue la de Derechos Sociales, con 284 quejas, un 53% más que el año anterior. Vera ha remarcado que "destaca la demora en la valoración de la discapacidad, con retrasos superiores al año y medio y que van a más. Hay que tomar medidas de choque. Si durante la pandemia se pudieron acometer medidas excepcionales para hacer frente a la tramitación de miles de ERTE, es cuestión de voluntad política poder dar salida a la acumulación de expedientes en el Departamento de Derechos Sociales".
En el ámbito sanitario se registraron 264 quejas, lo que representa un aumento del 31% respecto al ejercicio previo. Según ha explicado, "las quejas más numerosas se dieron por los retrasos en listas de espera de especializada y las demoras para obtener cita en Atención Primaria, si bien muchas de ellas fueron solucionadas al primer trámite y no fue necesario emitir resolución". En educación se contabilizaron 124 quejas, la misma cifra que en 2024, relacionadas con transporte y comedor escolar, procesos de admisión, prácticas de Formación Profesional o apoyos "insuficientes" para el alumnado con necesidades específicas.
El apartado de vivienda sumó 102 reclamaciones, un 16% más que el año precedente. Vera ha confesado que "sé que no estoy descubriendo nada nuevo, pero cuando se recibe la petición de ayuda de una familia para acceder a un piso y se conoce con detalle cuál es su situación, a uno se le encoge el corazón y le genera impotencia no poder hacer nada". Ha añadido que "en nuestra sociedad existe racismo inmobiliario, hay una especie de síndrome de sospecha de aporofobia y a los niños y niñas no se les quiere ver ni en pintura cuando hablamos de un alquiler" y ha denunciado que "todo esto supone una flagrante desigualdad".
El Defensor ha insistido en que "el mayor reto que tenemos como sociedad, ahora que estamos a tiempo, es la integración". Ha recordado que "es verdad que tenemos muchos desafíos, muchos de ellos importantes, y podemos ver cómo la ciudadanía reclama sus derechos, pero tenemos también a la vista y en países muy cercanos cuáles son las consecuencias de no trabajar adecuadamente la integración social y económica, además de la diversidad cultural desde el respeto y la convivencia. Esa integración ha de llevarse a cabo fundamentalmente por derechos humanos y por humanidad".
En relación con el derecho a una buena administración, Vera ha señalado que "seguimos viendo casos de burocracia defensiva, de falta de empatía" y que "la ciudadanía sigue viendo muchas administraciones como territorio hostil. La cita previa obligatoria se sigue exigiendo sin ningún respaldo legal. Sigue habiendo graves consecuencias por la brecha digital, y la dificultad de comprensión de normas y escritos es patente. Además, la petición de disculpas a la ciudadanía es una 'rara avis' y no digamos ya la absoluta falta de prácticas restaurativas".
En el debate parlamentario posterior, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha censurado "la autocomplacencia de casi todas las formaciones políticas que tienen responsabilidades de Gobierno", al considerar que "nadie se da por aludido con los datos que ha trasladado el Defensor". A su entender, "son las políticas de estas formaciones políticas las que terminan ofreciéndonos este resultado que ha presentado el Defensor, pero esto no va con ellos, se han quedado tan tranquilos" y ha remarcado que "cuando se habla de bienestar social, que es el ámbito que más quejas ha reunido, esto ya no va de burocracia, va de proteger derechos que tienen los ciudadanos".
Desde el PSN, Arantza Biurrun ha puesto en valor la labor del Defensor del Pueblo como "contrapeso en la relación de la ciudadanía con la Administración, protegiendo y mejorando los derechos y las libertades públicas de la ciudadanía navarra, en definitiva, garantizando lo que se llama el derecho a una buena Administración" y ha opinado que el Defensor "tiene toda la razón" cuando sostiene que representa "la voz de las personas que no se sienten bien tratadas por las Administraciones".
La portavoz de EH Bildu, Irati Jiménez, ha reconocido el trabajo de la institución y ha remarcado que "detrás de la queja hay mucho trabajo que no se ve y es lo que hace que la oficina lleve a cabo una atención más humana y más cercana". Ha añadido que las reclamaciones en ámbitos como la dependencia o la salud reflejan aquello que "preocupa" a la ciudadanía.
El representante de Geroa Bai, Javier Ollo, ha valorado el aumento de las actuaciones del Defensor y la "alta valoración" que recibe de la población. Ha querido incidir en la protección de los derechos en el entorno digital y ha advertido de que "cada vez más personas ya de determinada edad se están encontrando con múltiples problemas para llevar a cabo cualquier trámite ante la Administración foral o local. Muchas administraciones están olvidando el trato presencial. Tenemos que poner especial énfasis en ello. Estamos dejando tirada a mucha gente que para cualquier trámite con la Administración tiene que pedir ayuda".
Por parte del PPN, Irene Royo ha resaltado que la oficina dirigida por Patxi Vera es "cada vez más un referente en la defensa de los derechos de los ciudadanos, ya que cada vez acuden más personas al Defensor y los temas que está tratando son cada vez más amplios en relación con los derechos que muchas personas ven vulnerados". A su juicio, "ha habido un incremento de las personas que acuden al Defensor del Pueblo, que es por la confianza en la institución, pero también por los problemas que están surgiendo de vulneración de derechos".
El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha señalado que "preocupa" el aumento de las quejas en materia de derechos sociales y ha recordado que "debemos ser conscientes de que los servicios sociales los tenemos tensionados por un envejecimiento de la población y por la llegada de personas migrantes, a las que las leyes de extranjería que tenemos están dejando en una situación muy compleja. No extraña que si no somos capaces de adaptarnos a cómo cambian las circunstancias de la sociedad a la misma velocidad que éstas, evidentemente vemos tensionamientos y se reflejan en las quejas al Defensor del Pueblo".