Cuando los equipos de los distintos ministerios se trasladan a Bruselas en el marco de las reuniones del Consejo de la Unión, son conscientes de que no serán días tranquilos en su agenda. En el orden del día, encadenan encuentros bilaterales, almuerzos de trabajo, reuniones de coordinación y las propias sesiones con los Veintisiete. Este lunes, los Estados miembros se daban cita para valorar el papel de la juventud en el desarrollo de las políticas comunitarias.
En los márgenes de estas reuniones, y en una de las salas con las que cuenta la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez (1977), reserva un hueco para conversar con Demócrata sobre una de las iniciativas clave que su departamento impulsará durante esta legislatura. El Gobierno acaba de aprobar la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, conocida a menudo como LOPIVI.
Pérez defiende el momento de su tramitación, al considerar que era necesario desplegar en profundidad figuras como la del “coordinador de bienestar en los centros educativos”, en un contexto en el que Bruselas quiere situar a la juventud en el centro de su ofensiva frente a las grandes tecnológicas. “Europa está tomando a España como referencia en protección digital de menores”, afirma.
Pregunta: ¿Por qué consideran necesario reformar ahora una ley que viene de 2021?
Respuesta: La LOPIVI nació con unos consensos previos muy importantes. Hubo muchísimo trabajo de la sociedad civil que fue quién impulsó la ley. A partir de ahí se produjo una sensibilización muy profunda sobre la necesidad de cambiar el marco legislativo.
Son precisamente los actores que participaron en la elaboración de la LOPIVI —el tejido asociativo, las organizaciones de defensa de la infancia— las que nos dicen ahora: “Aprovechemos que la ley ya está implantada, que todavía estamos a tiempo de corregir algunos aspectos y de blindar determinadas fugas que quedaron en el primer texto”.
Por ejemplo, la LOPIVI ya hablaba en su redacción original de evitar el uso del llamado síndrome de alienación parental. Sin embargo, en la práctica seguíamos viendo resoluciones judiciales que, sin mencionar expresamente el SAP, reproducían exactamente los mismos argumentos: la supuesta influencia de la madre sobre los menores o la manipulación de los hijos en procesos de separación. Entendíamos que había que revisar eso y dejarlo mucho más cerrado.
También vimos necesario reforzar toda la parte relativa a la protección a la infancia dentro de los sistemas de protección, especialmente el ámbito residencial, los llamados centros de menores, en un contexto además muy marcado por la realidad de la infancia migrante.
Hay aspectos que ya están plenamente implantados y otros que todavía requieren recorrido, como la figura del coordinador de bienestar en los centros educativos. Volvimos a consultar para incorporar ahora cuestiones que probablemente deberían haber estado ya en el primer texto.
Pregunta: ¿Creen que en España todavía existen inercias judiciales que pueden estar perjudicando a la infancia?
Respuesta: Sin duda. Creo que todavía tenemos que sensibilizar a una parte importante del sistema judicial. Hay jueces que dan por hecho que no van a escuchar al menor. Otros lo hacen porque la ley les obliga o porque existe presión de las partes en un proceso de divorcio, pero esa escucha se convierte muchas veces en un mero trámite, sin consecuencias reales en la decisión final.
Y la escucha al menor es uno de los derechos fundamentales que queremos volver a poner sobre la mesa. Está recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño y forma parte de las recomendaciones de Naciones Unidas.
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Además, no podemos seguir utilizando la “madurez del menor” como un concepto inmóvil durante veinte años. La sociedad y el sistema educativo han cambiado. Hoy un menor de 12 años entra en educación secundaria. Tenemos que revisar muchos lugares comunes sobre la madurez y entender que la escucha al menor no es algo improvisado, sino un procedimiento reglado y garantista.
En el caso de la LOPIVI, por ejemplo, el modelo Barnahus en los procesos de violencia sexual establece mecanismos de escucha muy definidos y muy seguros para el menor. Creemos que es un buen momento para empoderar a la infancia en la defensa de sus derechos cuando sufren violencia.
Pregunta: Ustedes quieren eliminar el límite de los 12 años, pero, imagino, no será igual escuchar a un adolescente que a un niño de tres años.
Respuesta: Claro, evidentemente no. Lo que defendemos es que el proceso de escucha se adapte a cada tramo de edad.
Hoy existen mecanismos jurídicos, educativos y sociales para escuchar también a niños muy pequeños. Nosotros, por ejemplo, hablamos en la reforma de la LOPIVI de incorporar protocolos específicos en la etapa educativa de 0 a 3 años. Porque también en esos entornos pueden darse situaciones de violencia contra la infancia.
Un niño pequeño quizá no verbaliza igual que un adolescente, pero puede expresarse a través del dibujo, del juego o de otros mecanismos. Y eso también puede aportar información muy valiosa.
Por eso la reforma incorpora un componente muy importante de formación para todos los profesionales que intervienen en procedimientos con menores: jueces, abogados, procuradores, trabajadores sociales o personal administrativo. La clave es que existan herramientas adecuadas de escucha.
Pregunta: ¿Y cómo se garantiza que esa escucha sea efectiva y no meramente simbólica?
Respuesta: Ese es precisamente uno de los grandes debates. La reforma no afecta solo a la LOPIVI, sino también a artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del Código Penal y de otras normas judiciales.
Queremos acompasar esos cambios con la creación de secciones especializadas de infancia en los juzgados. Para nosotros eso es nuclear: construir un sistema judicial mucho más adaptado a la infancia y a sus necesidades específicas.
Pregunta: Han mencionado antes el SAP. ¿Se contempla algún sistema de supervisión para detectar resoluciones que sigan utilizándolo?
Respuesta: Sí. La propia reforma contempla la nulidad de aquellas resoluciones o actuaciones judiciales que sigan sustentándose en planteamientos vinculados al SAP, aunque se formulen con otras expresiones.
Pregunta: ¿Hace autocrítica el Gobierno respecto a los fallos del sistema de protección infantil en los últimos años?
Respuesta: Nosotros hemos realizado la mayor encuesta de prevalencia de violencia contra la infancia hecha en España desde los años noventa. Se entrevistó a más de 14.000 adultos y finalmente quedaron unas 10.000 entrevistas válidas. Más de un 33% de los menores habían sufrido algún tipo de violencia durante su infancia.
Creo que todas las administraciones tenemos que hacer un mea culpa colectivo. Hemos sido un país demasiado permeable a la violencia contra la infancia y hemos normalizado conductas que son violencia: no alimentar adecuadamente a un niño, no cuidarlo, la violencia psicológica, la violencia física o la violencia sexual.
Ahora bien, también creo que España es uno de los países que más ha avanzado legislativamente en esta materia. Lo hemos hecho con la LOPIVI, pero también con iniciativas como la ley de entornos digitales y menores o el futuro desarrollo de la ley de violencia vicaria. Tenemos un corpus jurídico muy sólido, pero necesitamos reformar todos los sectores que interactúan con la infancia.
Pregunta: ¿Qué cambios consideran prioritarios en el ámbito educativo?
Respuesta: La figura del coordinador de bienestar es clave, pero ahora mismo no está funcionando igual en los 17 sistemas educativos.
En muchos casos se designa como coordinador a un profesor que ya tiene carga lectiva, tutorías y otras responsabilidades. Eso no funciona. El coordinador de bienestar necesita tiempo y recursos propios para construir mecanismos de convivencia y prevención de la violencia dentro de los centros. Ahí todavía queda mucho diálogo con las comunidades autónomas.
Pregunta: También han hablado de violencia vicaria. ¿En qué punto está ese debate dentro del Gobierno?
Respuesta: Hemos trabajado conjuntamente varios ministerios: Justicia, Igualdad y Derechos Sociales. Cada uno aportaba una perspectiva distinta.
Igualdad ponía el foco en la violencia sobre la mujer y su impacto sobre los hijos; nosotros queríamos reforzar especialmente la posición del menor como víctima directa.
Porque muchas veces la violencia vicaria se presenta solo como un elemento anexo a la violencia de género, pero cuando pones el foco en el menor entiendes que quizá hay que suspender inmediatamente visitas, pernoctas o cualquier contacto con un progenitor denunciado por violencia de género. Gran parte de los casos más graves que estamos viendo tenían antecedentes claros de violencia hacia la madre.
Pregunta: ¿Esperan consenso parlamentario para estas reformas?
Respuesta: Yo creo que sí. Incluso en temas muy complejos como la ley de entornos digitales hemos visto bastante consenso. El único grupo que presentó una enmienda a la totalidad fue Vox, y aun así reconocían en su argumentario que el texto protegía a la infancia. En cuestiones como la violencia sexual, el acoso escolar o la protección digital de los menores existe una preocupación compartida bastante transversal.
Pregunta: Aquí en Bruselas la protección de los menores en redes sociales se ha convertido en una prioridad creciente para la Comisión Europea. España también está impulsando medidas en esa dirección. ¿Cómo está siendo esa coordinación entre Madrid y Bruselas?
Respuesta: Muy buena. Somos el primer país que ya remitió hace un año y pico un anteproyecto, ya proyecto, de ley de entornos digitales y menores. El retorno europeo fue muy bueno. Algunas cosas las quería regular también Europa. Por ejemplo, nosotros queríamos regular el ámbito del juego online y el juego incluso en plataformas de consola, el tema de las cajas botín, las loot boxes.
Nosotros incluíamos en el texto la regulación para evitar, porque es una fórmula muy golosa de entrada al juego patológico de muchos menores, estas cajas botín que operan en juegos. Incluso nos hemos reunido con operadores como Epic Games, porque Fortnite las utiliza como elemento de reclamo, aunque no haya una transacción económica directa.
Y el retorno europeo fue bueno porque ellos también querían regular eso en el marco de la verificación e identificación de edad de las personas que acceden a esa tipología de juego. Prácticamente el texto volvió con algunas recomendaciones que tenían que ver más con el marco europeo ya regulado, la DSA y otras directivas europeas. Y yo creo que Europa ha tomado a España como un país referencial en esto, en abrir los debates.
Porque el debate de menores sí o no en los entornos digitales España ya lo lleva discutiendo desde el inicio de la legislatura, desde 2023.
Pregunta: Uno de los puntos centrales es elevar a 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales. ¿Por qué consideran importante ese cambio?
Respuesta: Porque entre otras cosas nuestra ley lo que hace es elevar a los 16 años la posibilidad de abrir una red social a tu nombre.
En España ya están los 14 años para que un menor pueda hacer una cesión de sus datos a un operador privado. Y las redes sociales no son ONG ni hermanitas de la caridad, son operadores privados. Entonces, lo que hacemos es elevar a los 16. Ningún menor puede abrir una cuenta de WhatsApp o una cuenta de Facebook o cualquier plataforma porque está cediendo sus datos en el momento de aceptar las condiciones.
Eso lo tenemos ya pactado y trabajado en la ley, incluso con la Comisión y con la Agencia Española de Protección de Datos.
Pregunta: ¿Y qué queda pendiente para poner en marcha ese sistema?
Respuesta: Europa nos está diciendo que tengamos un organismo regulador. Nosotros pensamos que puede ser la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
España tenía tres ejes. Uno era la propia ley de entornos digitales y menores. Otro era el informe del comité de 50 expertos que elaboró recomendaciones para el conjunto de las administraciones públicas. Y un tercer factor era una herramienta de verificación de edad que ya veníamos trabajando con la Agencia Española de Protección de Datos.
En eso apareció también el Ministerio de Transformación Digital y se empezó a trabajar en el marco europeo para hacer una propuesta conjunta. La idea española, junto con la de otros países, ha fructificado en una propuesta europea.
A nosotros nos vale perfectamente siempre que tengamos una herramienta de verificación de edad. Todo el mundo dice: “Eso no va a solucionar el problema porque existen VPN”. Bueno, el problema es que ahora mismo no tenemos nada más allá de darle a un botón y decir que tienes 18 años. Creo que es muy positivo que Europa haya consensuado una misma herramienta y que haya utilizado el trabajo de varios países.
Pregunta: ¿Qué puede aportar España al resto de Europa con esta legislación?
Respuesta: Yo creo que el conjunto de países europeos están trabajando en esto.
Hace poco, en Malta, en el marco del Convenio de Lanzarote contra la violencia, estábamos secretarios de Estado y ministros de diferentes países y la discusión era exactamente dónde regular: si en 14, 15 o 16 años.
Todos los países se están acercando a una posición común. Hace poco también estábamos hablando con Andorra porque quieren regular OnlyFans, que para nosotros es un problema serio, porque entendemos que es una plataforma de proxenetismo vendida y escondida como una plataforma de libre acceso.
Francia también quiere regular y ha hecho informes de expertos sobre el impacto en la salud mental de los jóvenes. Estamos en procesos muy coincidentes para llegar a una misma idea: los 16 años como edad límite tanto para la cesión de datos como para el acceso a determinadas redes.
Pregunta: Usted ha sido especialmente crítico con las plataformas tecnológicas. ¿Cree que el sector está intentando eludir responsabilidades?
Respuesta: Claro. Porque durante mucho tiempo la posición era: “La mejor manera de evitar problemas es que los menores no entren”.
Y eso lo dijo de manera absolutamente torticera Mark Zuckerberg en el juicio de Los Ángeles: “Mi plataforma no permite la entrada de menores. Si entran, es responsabilidad de ellos y de sus padres”. Ese lavado de manos del sector no sirve. El sector muchas veces prefiere el discurso de “menores de 16 fuera de las redes” porque sabe que van a seguir entrando y así nadie les obliga a cambiar sus plataformas.
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Pregunta: Entonces, ¿cuál es el enfoque que defiende España?
Respuesta: Nosotros no queremos eso.
Si nos dicen que WhatsApp hoy es un elemento de socialización de los jóvenes y de los niños, y que el grupo de WhatsApp del aula regula la vida del aula, pues habrá que asumir esa realidad. El que no está en el WhatsApp no se entera de los deberes o de las actividades.
Y muchos padres nos dicen: “Yo uso WhatsApp para darle autonomía a mi hijo; para saber cuándo llega al colegio o cuándo vuelve a casa”. Claro, WhatsApp responde: “No, los menores no pueden estar en mi red”. Pero saben que siguen entrando.
Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo y creamos una aplicación adaptada a menores de 16 años? Una aplicación en la que el padre, la madre o el tutor legal puedan regular con qué adultos habla el menor o controlar determinados contenidos.
Eso es cambiar el prisma. Porque si el prisma es simplemente prohibir antes de los 16 años, seguirá pasando exactamente lo mismo.
Tenemos el ejemplo de Australia. Ha sido un fracaso de implementación. Siete de cada diez menores siguen estando en redes sociales y lo que se ha generado son identidades falsas y nuevas redes. Aquí se trata de asumir que si el mundo real tiene menores, el mundo digital también tiene que tener menores. Y si el mundo real está adaptado para protegerlos, el mundo digital también tiene que regularse igual.
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Pregunta: ¿Percibe que Europa empieza a compartir esa visión?
Respuesta: Sí. Yo creo que ya hay un cierto consenso. Va a haber unas jornadas muy importantes esta semana en Barcelona sobre derechos digitales. Y ya no hablamos solo de prohibición, hablamos de derechos digitales, de protección digital y de precauciones.
Eso es un avance muy interesante que Europa ha conseguido consensuar también con resoluciones y acuerdos del Parlamento Europeo. Y además este debate ya está saliendo incluso del ámbito europeo.
En las reuniones previas de la próxima Cumbre Iberoamericana se está planteando elevar el debate sobre entornos digitales y menores como uno de los temas de la cumbre.Cuando hablas con otros países te das cuenta de que los problemas son exactamente los mismos. No hay una diferencia entre Europa y Latinoamérica en esto. Estamos enfrentando el mismo debate.
Demócrata Bruselas
"Off the record"
Mientras en Bruselas se multiplican los debates sobre soberanía tecnológica, inteligencia artificial y regulación digital, el Gobierno español quiere colocar otra discusión sobre la mesa europea: cómo proteger a una generación que ha crecido dentro de las pantallas. Rubén Pérez abandona la sala de reuniones de la Representación Permanente con la sensación de que el debate ya ha cambiado de fase. Ya no se trata únicamente de prohibir o limitar, sino de decidir qué responsabilidades asumirán las plataformas tecnológicas sobre millones de menores que, estén o no autorizados, ya forman parte del ecosistema digital.
La reforma de la LOPIVI y la futura ley de entornos digitales reflejan precisamente ese cambio de paradigma: pasar de un modelo reactivo a otro preventivo, donde la infancia deje de ser un actor invisible tanto en los juzgados como en internet. En el Ejecutivo son conscientes de que la batalla será larga y de que chocará con la resistencia de un sector acostumbrado a operar bajo reglas propias. “El sector no quiere adaptar sus aplicaciones al acceso digital de los menores”, resume Pérez durante la conversación.
Pero en los pasillos comunitarios el debate ya no parece marginal. España ha logrado situarse en el centro de una discusión que atraviesa a toda Europa y que empieza a extenderse también hacia América Latina: cómo garantizar derechos, seguridad y protección en un espacio digital pensado originalmente para adultos. La pregunta que sobrevuela Bruselas ya no es si los menores están en redes sociales, sino bajo qué normas van a seguir estándolo.