La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha reiterado que la magistrada de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana “no va a quedarse sin ningún funcionario menos de los que ya tiene”. Ha subrayado que en la actualidad “no se ha suprimido ningún refuerzo” y ha insistido en que, desde el 1 de julio, “lo único que se ha hecho es estabilizar las plazas de refuerzo en estructurales”: “Tendrá la misma gente que ha tenido hasta ahora para llevar una instrucción como toca”.
Martínez ha realizado estas declaraciones en la sesión de control al ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este miércoles en Les Corts, en respuesta a las críticas de PSPV y Compromís, que han denunciado en los últimos días un supuesto “recorte” de personal funcionario en el juzgado de Catarroja encargado de la investigación sobre la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y que, a su juicio, obedecería a la intención de “proteger” al ‘expresident’ de la Generalitat Carlos Mazón.
En la sesión, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha centrado parte de su intervención en la situación del juzgado de Catarroja. Tras su intercambio con Llorca, y ya desde su escaño, ha acusado al jefe del Consell de padecer “el síndrome del encubridor” por negarse a facilitar a la magistrada “cuatro funcionarios de apoyo para que investigue a Carlos Mazón”, diputado del PP al que, según ha sostenido, el jefe del Consell “tiene protegido”.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha interpelado a Llorca sobre “por qué ha intentado recortar todo el apoyo al juzgado que está investigando la negligencia de su Consell que causó 230 muertos” en la dana. “¿Por qué ha intentado dejar a la jueza de Catarroja sin medios para poder hacer su trabajo?”, le ha preguntado. A su entender, la explicación “más simple” y “más probable” sería impedir que “se sepa la verdad y que los culpables paguen por su negligencia”.
Instantes después, la consellera de Justicia, Transparencia y Participación ha acusado a PSPV y Compromís de “tergiversar” los datos y ha tildado de “falso” que se haya eliminado “algún tipo de refuerzo”. Ha recalcado que hasta el 30 de junio “van a mantenerse todos los que tiene la jueza de Catarroja, como siempre ha tenido”.
“Estaba todo perfecto” y plazas estructurales
Martínez ha recordado que “personalmente estuve el 27 de agosto en ese juzgado viendo cuáles eran las necesidades que había y me dijeron que estaba todo perfecto. Se hicieron las obras, se adecuó todo para que se pudiera llevar a cabo una instrucción como toca”.
En este contexto, ha defendido que no se va a eliminar “ningún refuerzo” y ha precisado: “A partir del día 1 de julio, lo único que se ha hecho es estabilizar las plazas de refuerzos en plazas estructurales”. Por ello, ha reiterado que la jueza “no va a quedarse sin ningún funcionario menos de los que ya tiene”. “Pero ni ella ni los otros 200 --tribunales--, ninguno”, ha añadido.
Dirigiéndose nuevamente a PSPV y Compromís, ha concluido: “Pueden ustedes tergiversar las cosas como quieran, pero --la jueza de Catarroja-- tendrá la misma gente que ha tenido hasta ahora para llevar una instrucción como toca”.
Rifirrafe en el hemiciclo
En ese punto del debate se ha producido un enfrentamiento verbal entre las diputadas de Compromís Aitana Mas e Isaura Navarro y la consellera de Justicia, a la que han acusado de faltar a la verdad. Desde su escaño, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha intervenido alzando la voz: “Estructurales, estructurales, no coyunturales”.
La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha llamado al orden a Isaura Navarro por intervenir sin tener la palabra. “¿Pero esto qué es? No ha dejado ni hablar”, ha protestado también el vicepresidente primero de Les Corts, el ‘popular’ Alfredo Castelló, en referencia a la actuación de la parlamentaria de Compromís.
Críticas a la Ley de Eficiencia
En otro bloque de su intervención, la consellera ha cargado contra la Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, a la que ha responsabilizado de haber generado “caos, colapso, desconcierto, inseguridad jurídica y desazón entre los operadores jurídicos”. A su entender, es “justo lo que no necesitaba una Administración de justicia con unos problemas estructurales que lo requerían era una reforma profunda, hecha desde el consenso, la escucha activa y con los recursos necesarios con los que afrontar un cambio organizativo del calado que requiere”.
Al hacer balance del primer año de aplicación de la norma, ha afirmado que la “mal llamada Ley de Eficiencia no está dando respuesta a las necesidades de administración de justicia”. “Sin recursos, sin coordinación y con unos plazos inasumibles, el proyecto estrella del ministro --de Justicia Félix-- Bolaños sería un fracaso”, ha avisado.
Además, ha reprochado que “Bolaños invitó a la fiesta, pero esa fiesta la hemos acabado pagando los valencianos. Porque todas estas reformas no son a coste cero, pensar lo contrario sería de ilusos. Pero saberlo y no hacer nada por solucionarlo, como es el caso del Gobierno de Sánchez, nos da una idea de la irresponsabilidad con la que gobierna”.
Por último, ha rechazado “el trilerismo de Bolaños con los datos”: “No podemos tolerar el trilerismo de Bolaños con los datos: habla de descenso generalizado en el número de asuntos ingresados desde que entró en vigor la ley, omitiendo conscientemente el incremento que hubo en las semanas previas para evitar el requisito de procedibilidad y habla de creación de nuevas plazas en juzgados de violencia sobre la mujer, pero omite que fue en respuesta a la crítica unánime y generalizada que motivó la asunción de los delitos de violencia sexual en estos juzgados”, ha señalado.