El director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, ha subrayado que la gestión y retirada de residuos tras la dana del 29 de octubre de 2024 constituyó una operación "sin precedentes" en la Comunitat Valenciana, además de "compleja, difícil y desarrollada en circunstancias extremas", aunque ha remarcado que también fue "un ejemplo de coordinación institucional, capacidad técnica y compromiso del servicio público".
Blanco ha comparecido este lunes por la tarde ante la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, en la que ha intervenido como último compareciente, después de que PP y Vox hayan planteado darla por finalizada.
Durante la sesión, PSPV y Compromís han criticado con dureza el cierre anticipado de los trabajos, llegando a tildar la comisión de "pantomima parlamentaria" y de "intento de blindaje político" para "querer imponer un relato solo para proteger a los verdaderos culpables". Frente a ello, PP y Vox han reprochado a los grupos de izquierda que se hayan tomado la comisión a "broma y risa".
En su exposición, el director general ha detallado las actuaciones emprendidas por la Generalitat a partir del 29 de octubre, empezando por la "cobertura legal". Ha explicado que el día 30 se encontraron ante un "escenario crítico": la planta de Hornillos, en Quart de Poblet, se quedó sin suministro eléctrico por los daños en la subestación que la alimentaba, mientras que la de Manises quedó incomunicada por carretera. Ambas instalaciones son "fundamentales" para el tratamiento de residuos en el área metropolitana de València.
Ante este contexto, ha explicado que fue necesario actuar "de inmediato". Así, se tramitó una solicitud para que Murcia asumiera el tratamiento de 200 toneladas diarias de residuos procedentes de la Vega Baja y se firmó una resolución con directrices para la redistribución urgente de los flujos de residuos municipales en la Comunitat Valenciana.
Medidas excepcionales y refuerzo logístico
El día 31 se aprobaron "más medidas excepcionales", entre ellas una nueva resolución que permitía a la EMTRE acondicionar parcelas anexas a la planta de Hornillos para el acopio temporal y extraordinario de los residuos retirados por los ayuntamientos, así como otra que fijaba pautas para el almacenamiento provisional en ecoparques y solares habilitados. Según ha explicado, el objetivo era dar "cobertura jurídica y operativa a decisiones urgentes que eran imprescindibles para evitar un colapso sanitario y ambiental".
Blanco ha indicado que el 5 de noviembre comenzó a funcionar la primera trituradora, que trabajaba "a destajo" para reducir el volumen de residuos y optimizar el espacio disponible, y que el día 6 se inició el vaciado de Alfafar con destino al vertedero de Pedralba. Después se pusieron en marcha otros puntos de transferencia en Catarroja, Picassent y Quart-Manises. "En muy poco tiempo conseguimos organizar un sistema logístico de dimensiones extraordinarias para vaciar los municipios afectados y trasladar los residuos hacia grandes puntos de transferencia", ha destacado.
Durante noviembre y diciembre se procedió al vaciado de los puntos de acopio locales, una tarea que, según ha recalcado, requirió "una coordinación logística enorme". Paralelamente, se afrontó la gestión de los lodos: era necesario disponer de espacios seguros para descargar las cubas procedentes de garajes, alcantarillas y vías públicas. Para ello se construyeron balsas impermeabilizadas en Quart-Manises y se habilitaron áreas específicas en Picassent. Ha reivindicado que la Generalitat fue "la única administración que facilitó puntos de descarga seguros".
Residuos peligrosos, vehículos y volúmenes gestionados
En relación con los residuos peligrosos, ha explicado que en las primeras semanas de noviembre se autorizó un contrato de emergencia para su recogida, ya que aparecían por los lugares más "insospechados". En coordinación con el Seprona, ha precisado, se localizaron y retiraron más de 54.500 kilos. "Otro problema al que buscamos solución", ha afirmado el director general de Calidad y Educación Ambiental.
Respecto a los vehículos dañados por la dana, ha detallado que el cometido de la Generalitat fue coordinar y poner en contacto a los consistorios con los gestores autorizados, y ha defendido que los datos "demuestran que la retirada fue progresivamente eficaz y ordenada".
Blanco ha añadido que, a partir del 1 de marzo de 2025, se redujeron las entradas de residuos y se empezó a vaciar los puntos de transferencia "a buen ritmo". En total, ha indicado, se han gestionado 921.115,85 toneladas, frente a las aproximadamente 180.000 que se generan en un año normal en la Comunitat, lo que implica que en nueve meses se trató un volumen cinco veces superior al de un ejercicio ordinario.
De ese total, se logró recuperar un 36%, principalmente tierras, pero también metal y plásticos. Asimismo, se recuperaron neumáticos, bombonas de gas, camping gas y colchones, que fueron tratados por gestores especializados. Parte de la tierra recuperada se destinó al sellado del vertedero de Basseta Blanca, unas 10.000 toneladas, y otra parte se utilizó como relleno en una parcela donde el municipio de La Llosa ha construido un parque.
Cruce político en Les Corts por la comisión
En el turno de los grupos, Mercedes Caballero (PSPV) ha denunciado la "traición parlamentaria" del PP, al que ha acusado de usar las comisiones de investigación "para tapar responsabilidades", recordando el caso del accidente de metro de 2006. Sobre la dana, ha criticado las "mentiras" del Consell y que su "única obsesión sea culpabilizar al Gobierno de España". Además, ha interpelado a Blanco sobre la tarde del 29 de octubre de 2024: "¿Usted también estaba en alguna entrega de premios?".
Por su parte, Paula Espinosa (Compromís) ha hablado del "papelón enorme" del director general en esta comisión y ha sostenido que no es casual que PP y Vox "dejen los residuos y el fango para el último lugar": "Da a entender muy bien y es un reflejo que quedará para la posteridad de lo que ha supuesto esta comisión". También ha criticado que el Consell haya cambiado leyes "para poner más hormigón en zonas como la huerta de València".
En sentido contrario, Joserra González de Zárate (PP) ha respondido a PSPV y Compromís que, por sus palabras, pareciera "como si no hubiera venido nadie" a declarar, cuando han comparecido numerosos responsables del Consell, entre ellos el 'expresident' Carlos Mazón, las vicepresidentas Susana Camarero y Vicente Martínez Mus o el conseller Miguel Barrachina. Ha reprochado que desde el Gobierno central no haya acudido ningún representante a "dar la cara", citando al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, al que ha señalado como "el auténtico culpable de todo lo que ha pasado": "Han dado portazo a esta comisión".
Finalmente, José Mª Llanos (Vox) ha reprochado al PSPV que "no querían ninguna comisión de investigación" y que sostengan que el "responsable" de la catástrofe de la dana "es de la Generalitat por negligencia y el Gobierno nacional es inocente". A su juicio, el Ejecutivo central es "culpable por dolo, por traición y abandono al pueblo valenciano". "Así de claro", ha remachado. También ha cargado contra la izquierda por señalar "cuáles son las tres asociaciones fundamentales" de víctimas.