QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Disueltas las Cortes Generales, la actividad legislativa no se detiene. O no del todo. Mañana se debate y se vota si se convalida o deroga el último Real Decreto-ley (RDL) aprobado por el Gobierno, el 4/2023, de medidas urgentes en materia agraria y de aguas, entre otras medidas. Hasta ahí nada que no haya sucedido tantas otras veces durante la última legislatura. La gran diferencia respecto al casi centenar de Reales Decretos-ley tramitados desde enero de 2020 es el órgano encargado de su convalidación y el periodo en el que se produce: lo hará la Diputación Permanente y en el tiempo que transcurre entre legislaturas.
Las diputaciones permanentes, una suerte de versión reducida de los plenos del Congreso y el Senado, son las encargadas de “velar por los poderes” de cada cámara cuando estas no están reunidas, tal y como recoge la Constitución (artículo 78) y se desarrolla en los respectivos reglamentos. Además, cuando las Cortes están disueltas, como sucede ahora y hasta el próximo 17 de agosto, la Diputación Permanente de la Cámara Baja solo puede tramitar un tipo de iniciativa legislativa: el Real Decreto-ley.
52 Reales Decretos-leyes desde 1979
A las restricciones del Legislativo por la convocatoria electoral hay que sumar las propias de la figura del RDL, prevista en el artículo 86 de la Constitución Española (CE) para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Y una tercera limitación: cuando el Ejecutivo entre en funciones (lo que sucede el día después de los comicios, a partir del 24 de julio en esta ocasión), su gestión se limitará “al despacho ordinario de los asuntos públicos”, salvo para “casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general”, lo que nos lleva de nuevo a los Reales Decretos-ley.
Conocido lo anterior, cabría pensar que, en periodos de transición entre legislaturas, la actividad de las Diputaciones Permanentes sería algo excepcional. Desde el dos de enero de 1979 (cuando concluye la Legislatura Constituyente) hasta hoy, la Diputación Permanente del Congreso ha convalidado 52 RDL entre legislaturas, casi todos ellos tras la publicación en el BOE de los correspondientes decretos de convocatoria electoral, según los datos recopilados y analizados por Demócrata. En el mismo periodo, se han celebrado 28 sesiones de la Diputación Permanente de la Cámara Baja y otras 20 reuniones en la del Senado.
LAS DIPUTACIONES PERMANENTES DE CONGRESO Y SENADO Una vez entra en vigor el decreto de convocatoria, los diputados y senadores pierden su condición de parlamentarios, a excepción de aquellos que forman parte de la Diputación Permanente de cada cámara. Este órgano está compuestO por un número de miembros repartidos en proporción a los representantes que tiene cada grupo parlamentario. Aunque la CE impone un mínimo de 21 integrantes, las Mesas de Congreso y Senado son autónomas para elegir el número de parlamentarios en cada legislatura. En la XIV, la Cámara Baja acordó un tamaño de 68 representantes titulares y otros tantos suplentes, mientras que en el Senado la cifra es de 36, a los que hay que sumar los respectivos presidentes, que lo son también de la Diputación Permanente. En total, desde el 30 de mayo, 137 diputados y 73 senadores mantienen sus actas, percepciones económicas y la condición de aforados.
En el caso del RDL que mañana se debate, este fue aprobado por el Gobierno y publicado en el BOE el pasado 11 de mayo, dos semanas antes de las municipales del 28-M, que precipitaron el adelanto de las próximas generales. Quién sabe si será esa la única reunión de la Diputación Permanente del Congreso hasta el arranque de la XV Legislatura. Si fuera así, estaríamos ante algo atípico tratándose de un presidente del PSOE y del propio Pedro Sánchez. Es lo que se concluye del análisis retrospectivo de la actividad de la Diputación Permanente y del uso del RDL a lo largo de la democracia reciente. De los 14 intervalos entre legislaturas, el segundo Gobierno de Felipe González (en 1989) fue el único de los Ejecutivos socialistas sin textos convalidados en la Permanente del Congreso.
Inmigración, estibadores, catástrofes naturales o “crisis del pepino”
El propio González, en su primer mandato (1986), y José Luis Rodríguez Zapatero (2008), también en la parte final de su primer término presidencial, solo llevaron un RDL para su convalidación con las cámaras disueltas. En el caso de Felipe, la materia fue el servicio público de estiba y desestiba de buques, afectado por una sentencia del Tribunal Supremo dictada meses antes en la que se declaraba la nulidad de parte del marco jurídico por el que se regían las actividades laborales en los puertos de interés general.
Zapatero tiró de RDL en la víspera de convocar elecciones para actualizar el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), utilizado como indicador de referencia para determinar la cuantía de ciertas prestaciones sociales o calcular los umbrales de acceso a ellas, además de conceder un crédito extraordinario de 200 millones de euros al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entonces en manos de Jesús Caldera, destinados a la acogida e integración de inmigrantes.
En el resto de las ocasiones en las que un socialista estaba en La Moncloa nunca han llegado menos de 5 RDL para su convalidación en la Diputación Permanente. Esa fue la cifra de ZP para el tiempo que tardaron en formarse las Cortes en las que Mariano Rajoy disfrutó de mayoría absoluta. Créditos extraordinarios y suplementos por importe de más de 4.200 millones de euros; la modificación del Fondo de Garantía de Depósitos; medidas para paliar daños del terremoto de Lorca; bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de contratos de la ONCE o medidas para trabajadores afectados por la conocida como “crisis del pepino”, en referencia al brote de infecciones por E.coli, del que desde Alemania se señaló se responsabilizó a España en un primer momento, fueron las motivaciones de los textos de Zapatero.
La presa de Tous, VIH, el Brexit o la Cumbre del Clima
Créditos para resarcir a víctimas de la rotura de la presa de Tous, abono de subvenciones por gastos electorales, modificaciones del IVA, medidas para reparar los efectos de la sequía (en 1993), ayudas a afectados por el VIH, el contrato de adquisición de la colección Thyssen-Bornemisza, el tratamiento de aguas residuales urbanas o la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias fueron varias de las materias que ocuparon los otros 15 RDL de Felipe González en 1993 y 1996.
Por su parte, 13 RDL de Sánchez pasaron la fase de convalidación en los dos periodos electorales de 2019. En su caso fueron objeto de legislación medidas de contingencia ante el Brexit; de garantía de la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombre en el empleo; en materia de vivienda y alquiler; de protección social y la lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo o de paliación de los efectos de la quiebra del tour operador británico Thomas Cook.
Otras materias fueron las ETT en la estiba portuaria; la adopción de medidas urgentes para paliar daños por temporales; la retribución del sistema eléctrico; el cese de actividad de centrales térmicas de generación; o la organización a última hora en España de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, prevista inicialmente en Chile, pero para la que se buscó nuevo emplazamiento ante el clima de conflictividad social y política que vivía el país andino en aquellos momentos.
El récord, de Calvo-Sotelo
Sin embargo, el récord de RDL entre legislaturas lo tiene la UCD, con nueve tras la legislatura que culminó Leopoldo Calvo-Sotelo (en 1982). Los textos aprobados versaban sobre la intervención de la central nuclear de Lemóniz, tras sucesivos sabotajes por parte de trabajadores y acciones terroristas de ETA, que ya había matado a dos de sus trabajadores: al ingeniero jefe de la central y al director de proyecto de esta o la renovación presupuestaria de la plantilla de la Orquesta Nacional.
EL TERCER RDL MOTIVADO POR LA SEQUÍA El RDL en el que Sánchez incluyó medidas para compensar los efectos de la sequía no es el primero sobre esta materia que llega para su convalidación a la Diputación Permanente. Ya en 1982, la falta de precipitaciones motivó una serie de medidas por parte del Gobierno de Calvo-Sotelo. Once años más tarde, el 23 de junio de 1993, el Congreso convalidó otro RDL, de Felipe González, con la misma motivación.
A las anteriores se suman un crédito extraordinario de más de 5.000 millones de pesetas para financiar las elecciones generales de ese año; moratorias y exenciones de pagos por daños originados por la sequía; el establecimiento en 65 años la edad de jubilación forzosa para el profesorado funcionario de EGB; medidas para reparar daños de inundaciones; modificaciones de los límites para emisiones de Deuda Pública del Estado; o sobre los fondos de garantía de depósitos en cajas de ahorro y cooperativas de crédito, entre otras.
El lapso de tiempo entre la Constituyente y la I Legislatura no estuvo exento del uso de esta figura. Así, Adolfo Suárez remitió RDL para prorrogar la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento, de medidas económicas en relación a la Administración Local, sobre protección de la seguridad ciudadana, la creación del Instituto de Mediación y Arbitraje o sobre las plantillas de cuerpos sanitarios y diversos cuerpos de enseñanza.
Los presidentes del PP, los más parcos
Tanto José María Aznar como Mariano Rajoy siguieron un mismo patrón: un único RDL a convalidar con las Cortes Generales disueltas, en ambos casos durante su primer mandato. En el caso de Aznar, en enero del 2000, una revisión de las cuantías de los importes de las asignaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo fueron el objeto de su RDL en tiempo electoral; mientras que Rajoy hizo uso de la prerrogativa para aprobar medidas para reparar los daños causados por temporales de lluvia en diferentes puntos de España durante el otoño de 2015.
No obstante, bajo mandatos del PP en el Gobierno, se han producido las únicas reuniones de la Diputación Permanente entre legislaturas del Senado por motivos ajenos a los que obliga de forma rutinaria la Constitución (dar cuenta a las nuevas Cortes de los asuntos tratados y las decisiones tomadas en cada periodo de la Diputación).
En 2016, ante la repetición electoral tras la disolución automática de las Cortes transcurridos dos meses desde la primera investidura fallida de Pedro Sánchez, llegaba al Senado un debate sobre su composición. Como antes de cada cita electoral, tocaba evaluar el censo. En esa ocasión, la población de la Comunidad Valenciana había caído por debajo de los cinco millones de habitantes, lo que debía traducirse en la pérdida de un escaño por designación. El dilema sobre si debía retirarse la condición de senador a una de las señorías designadas por las Cortes Valencianas motivó dos reuniones de la Permanente de la Cámara Alta.
