La unidad inspectora de la Generalitat de Catalunya ha tramitado hasta ahora 529 expedientes sancionadores en las áreas declaradas como zonas de mercado de alquiler tensionado desde la entrada en vigor de la ley que limita los precios de los arrendamientos, según los datos difundidos este jueves por el Departamento de Territorio en un comunicado.
De todos estos procedimientos, un 74% se han iniciado de oficio por parte de la propia unidad inspectora, mientras que el 26% restante deriva de denuncias presentadas por particulares. En estos momentos, hay siete casos en los que ya se ha abierto un expediente sancionador de forma formal.
Respecto al grado de tramitación, un 89% de los expedientes se mantienen en la fase de diligencias previas, el primer estadio del procedimiento, centrado en la investigación inicial de los hechos detectados o denunciados. Por otro lado, un 10% de los casos han sido archivados, ya sea en esta fase preliminar o de manera definitiva.
Del total de 529 expedientes, 51 han quedado archivados: 31 de forma definitiva, 18 todavía en fase de diligencias previas y 2 que han sido anulados.
La infracción más frecuente es el hecho de superar el importe máximo de renta permitido, motivo que está presente en el 79% de los expedientes, ya sea como única causa o combinada con otras irregularidades.
Entre estas otras irregularidades destacan la repercusión indebida de gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de alquiler, así como la ausencia de constancia de la condición de gran tenedor o del precio. También se han detectado contratos en los que no figura claramente la finalidad, y que en realidad corresponden a alquileres de temporada o a usos distintos de vivienda habitual.
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
El despliegue del cuerpo de inspectores se ha ido efectuando de forma progresiva y en coordinación con los ayuntamientos, entre ellos el de Barcelona. En este marco, el pasado 15 de abril se llevaron a cabo 17 inspecciones en 11 ubicaciones de la ciudad, en las que se identificaron 12 posibles viviendas con indicios de incumplimientos.
En su mayoría se trataba de pisos destinados al alquiler de habitaciones. Durante estas actuaciones se solicitó diversa documentación a los responsables y, en la actualidad, continúa la labor de requerimiento y posterior evaluación de la información recabada.
Por demarcaciones, la de Barcelona concentra el grueso de la actividad inspectora, con el 76% de los expedientes (402), seguida por Tarragona, con 60 (11,3%), Girona, con 48 expedientes (9%), y Lleida, con 19 (4%).
En el ámbito municipal, la ciudad de Barcelona reúne 210 expedientes, lo que supone un 40% del total. A continuación se sitúan Girona, con 31, Badalona, con 23, y Sitges (Barcelona), con 14 expedientes abiertos.