El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha denunciado este martes el “bloqueo patronal” que, según ha señalado, afecta a la mayoría de los convenios colectivos en España, “utilizando la trampa del absentismo para camuflar su negativa a distribuir las plusvalías”.
El dirigente sindical ha intervenido en una asamblea de CCOO celebrada en Vigo, en la que ha estado acompañado por la secretaria general de CCOO Galicia, Amelia Pérez. Desde allí ha instado a las organizaciones empresariales del conjunto del Estado a retomar el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) como marco básico para ordenar las relaciones laborales.
En este contexto, ha advertido de que la organización sindical pondrá a disposición “todos sus recursos para alimentar la conflictividad laboral y tensionar las mesas de negociación si los empresarios insisten en racanear jornadas y salarios”, subrayando que no descartan elevar la presión en los diferentes sectores si no se producen avances.
Antes del acto, Pacheco ha remarcado ante los medios que, en España, se da la “paradoja” de que la economía, la productividad y los beneficios empresariales “baten récords” mientras “los salarios de 11 millones de trabajadores siguen estancados”, lo que, a su juicio, evidencia un reparto desigual de la riqueza generada.
Ha señalado que la remuneración de la mayoría de los empleados no permite compensar la subida del coste de la vida, especialmente en lo relativo a la vivienda, y ha defendido que esta realidad debe corregirse “tensionando la negociación colectiva”. Al mismo tiempo, ha pedido una intervención directa sobre los precios ante los vaivenes de la inflación derivados de la crisis en Oriente Próximo.
“No se puede repetir la situación vivida durante la guerra de Ucrania, cuando las deducciones fiscales públicas terminaron financiando los márgenes récord de las refinerías y los oligarcas del petróleo”, ha recalcado, reclamando que se extraigan lecciones de aquel episodio.
En esta línea, ha exigido la puesta en marcha de nuevas medidas de protección social, entre ellas una ayuda directa de 300 euros para las personas más vulnerables y la recuperación de la gratuidad del transporte público. Asimismo, ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios en el Congreso “para recuperar con urgencia el tope de los alquileres que ha dejado en un limbo jurídico a miles de familias”, al considerar que es clave para aliviar la presión sobre los hogares con menos recursos.