Economistas y Patentes y Marcas refuerzan su alianza para potenciar la propiedad industrial y la competitividad empresarial

El CGE y la OEPM firman un protocolo para impulsar la propiedad industrial, reforzar la formación y mejorar la competitividad de las pymes españolas.

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Firma de acuerdo entre El Consejo General de Economistas y la Oficina Española de Patentes y Marcas CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

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El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) han suscrito un protocolo general de actuación con el fin de estrechar su cooperación en materia de propiedad industrial y análisis económico, orientado a elevar la competitividad de las empresas y a estimular la innovación.

Mediante este acuerdo se pretende promover un mayor conocimiento y utilización de las herramientas de propiedad industrial, con especial atención a las pymes, donde su uso continúa siendo reducido a pesar de su relevancia en la creación de valor. Para ello, ambas entidades pondrán en marcha actuaciones conjuntas centradas en la divulgación de estos derechos y en el fortalecimiento del análisis económico vinculado a ellos.

Entre las medidas contempladas en el protocolo figura la organización de acciones formativas, como jornadas, seminarios y talleres, además de la preparación de estudios, informes y publicaciones técnicas relacionadas con la economía y la propiedad industrial.

El presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha remarcado la trascendencia de esta disciplina para el “desarrollo económico y empresarial”, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas.

Por su lado, la directora general de la OEPM, Elisa Rodríguez Ortiz, ha puesto en valor la dimensión estratégica de la propiedad industrial y la contribución de este acuerdo para “avanzar en la formación y el análisis de los activos intangibles”.

Para canalizar esta cooperación se constituirá una comisión de seguimiento que se encargará de detectar y proponer nuevas líneas de actuación. El protocolo no genera obligaciones económicas ni jurídicas para las partes y tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga mediante acuerdo previo entre ambas instituciones.