Las piezas ya están sobre el tablero y se mueven. El Congreso de los Diputados ha reactivado el Proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales. La ponencia se ha constituido y se prevé reunir “pronto” para comenzar a trabajar el informe de una iniciativa que mantiene al sector agitado. La industria comparte algunos elementos del texto, pero demanda ajustes. En general, según fuentes consultadas por Demócrata, ven positivo y necesario blindar la seguridad de los jóvenes en internet, pero manifiestan sus reservas en cómo se concreta técnicamente la norma. ¿Cuáles son los puntos conflictivos, qué plantea la ley y cuál es la solución que piden las empresas?
La responsabilidad del control parental, ¿fabricantes o desarrolladores de software?
El control parental es uno de los elementos nucleares de la ley. El consenso político es que exista una suerte de verificador en los dispositivos para que los menores no puedan acceder a según qué contenidos. La cuestión clave es sobre quién recae la responsabilidad y cómo aterrizarlo técnicamente. La disputa es entre fabricantes y operadores; y entre los que se decantan por que los productos lo tengan activado por defecto y quienes optan por aplicarlo durante la configuración inicial.
DigitalES, patronal que aglutina a las empresas líderes en telecomunicaciones, tecnología e innovación digital, traslada a Demócrata que hay margen de mejora en la aplicación técnica de la norma, en concreto, en la asignación de responsabilidades.
A su juicio, las obligaciones han de recaer sobre quien realmente tenga capacidad de actuar. En el caso del control parental, DigitalES considera que depende del software y de los sistemas operativos más que de los fabricantes de los dispositivos. En consecuencia, “la responsabilidad aquí debe recaer en los desarrolladores del software, que son quienes tienen capacidad de actuar, y no en los fabricantes, que no se dedican a ello”.
El control parental depende del software y de los sistemas operativos más que de los fabricantes de los dispositivos
La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC), que representa a las principales empresas de proveedores de servicios digitales, fabricantes y comercializadoras de dispositivos y equipos, remitió en octubre del 2025 un nutrido documento con sugerencias tales como que únicamente se aplicase la obligación del control parental a los smartphones, excluyendo a tablets, ordenadores y televisores inteligentes.
AMETIC esgrimió que, tal y como está planteado el texto, tendría un fuerte impacto en distribuidores y fabricantes, que se verían obligados a repensar la cadena contractual, así como buena parte de los productos ofrecidos. También, que si España arma una normativa diferenciada del resto de Estados miembros se fragmentaría el mercado de la Unión Europea, lo que implicaría adaptaciones técnicas engorrosas y una reforma de todos los canales de producción para tener en cuenta únicamente las características del mercado español.
En cuanto a la propuesta de que solo se imponga el control parental a móviles, AMETIC justifica que sería suficiente con el pin parental de los smartphones porque el resto de terminales suelen tener un uso compartido en el hogar y estar ubicados en espacios comunes, lo que facilita la supervisión de adultos. Además, los costes para la industria serían muy elevados y se mermaría su competitividad.
Preocupación por los contenidos
DigitalES recuerda que cualquier sistema de control parental o de verificación de edad solo será eficaz si los contenidos están correctamente calificados en origen, es decir, en las plataformas en las que se publican. Sin este etiquetado, claro y homogéneo, se antojaría complicado aplicar filtros o restricciones de forma efectiva.
En sintonía, más allá de la edad recomendada, el sector considera necesario incluir información adicional sobre la naturaleza de los contenidos (violencia, sexo, lenguaje, conductas de riesgo, etc.), con el fin de ofrecer mayor transparencia.
Asimismo, pide que es igualmente importante que los contenidos ilícitos puedan ser retirados a la mayor celeridad posible, puesto que la difusión es rápida y es clave que existan mecanismos ágiles que permitan frenarla. De lo contrario, el daño ya se ha producido y no hay vuelta atrás.
Cualquier sistema de control parental o de verificación de edad solo será eficaz si los contenidos están correctamente calificados en origen
¿Por defecto?
Una vez determinado a quién corresponde la articulación del control parental y configurado el etiquetado de contenidos, la pregunta es si este sistema ha de estar activado por defecto en los dispositivos o no.
En una entrevista en Demócrata, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió que sí que ha de estar activado por defecto al encender por primera vez cualquier dispositivo, pero la industria manifiesta sus reticencias.
Adigital (Asociación Española de la Economía Digital) demanda que las herramientas de control parental se ofrezcan, pero no se activen automáticamente, para permitir una configuración consciente por parte de las familias. Una opinión compartida por AMETIC y por la misma razón, para ofrecer la posibilidad de configurarlo a los padres y tutores.
Información sobre riesgos: etiquetado de productos
Otro de los puntos calientes y que más agita al sector es el etiquetado de los dispositivos tecnológicos. La nueva norma establece la obligatoriedad de que los fabricantes de smartphones, tablets, ordenadores, televisiones digitales y otros dispositivos informen en sus etiquetas de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de los menores. Debería ser visible en el embalaje y en el manual de instrucciones.
AMETIC, en este aspecto, planteó directamente eliminar esta obligación. Alegan que generaría inseguridad jurídica ya que cada fabricante indicaría información distinta, entre otras cosas, porque elementos como los tiempos de recomendación están fuera de su control y no hay consenso científico ya que dependen de factores individuales.
Como solución alternativa, la patronal propone que se pueda informar en la página web o en un formato digital fácilmente accesible para, entre otras cosas, reducir el impacto ambiental al disminuir el uso de papel (manuales y etiquetas) y tintas. Sugieren, también, que sean las autoridades y organismos públicos los que diseñen los conjuntos de información para que sean uniformes, independientemente del fabricante.
Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), PNV y Junts han registrado enmiendas precisamente en esta dirección, algo que celebra Adigital, pues sostiene que la información sobre riesgos y recomendaciones debe provenir de fuentes oficiales y ser veraz, homogénea y actualizada.
Contacto permanente con los ponentes
Todas las patronales consultadas por este periódico admiten que el diálogo con los ponentes de la ley es fluido y constante, y esperan que siga siendo así, de manera que puedan conocer sus sensibilidades para concretar enmiendas transaccionales, siempre desde un enfoque técnico y práctico y con el propósito compartido de que la ley sea útil y efectiva para blindar la seguridad de los menores, que es el fin último de toda esta regulación.
Tiempo para negociar con el sector tienen. Habitualmente, se suele fijar una fecha, pero no en esta ocasión. Fuentes de la ponencia consultadas por Demócrata aseguran que la idea es verse “pronto”, pero el último choque entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y Carles Puigdemont “no ayuda”. Y la aritmética ya está lo suficientemente difícil como para complicarla aún más. Este proyecto de ley no es uno de los que Junts anunciara que iba a facilitar tras su ruptura con el PSOE, por lo que su acomodo en el BOE no está ni mucho menos garantizado. Para más inri, se trata de una ley Orgánica, por lo que requerirá mayoría absoluta para su aprobación y, con el descuelgue de Junts del bloque de investidura, las cuentas no salen. La suma de PSOE (121), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y los adscritos al Mixto, Águeda Micó (Compromís), BNG, Coalición Canaria y los cuatro de Podemos, resulta en un escueto montante de 172.