El Pleno del Congreso tiene previsto debatir y someter a votación la próxima semana una proposición no de ley registrada por Sumar, con la que busca introducir los cambios legales necesarios para impedir la adquisición de viviendas por parte de “personas jurídicas, empresas y fondos buitre”.
No es la primera ocasión en que el grupo plurinacional lleva esta propuesta al hemiciclo. En noviembre de 2025 ya se discutió y votó una proposición de ley con el mismo objetivo, que fue rechazada al no superar el trámite de admisión. Entonces, PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria votaron en contra, mientras que el PSOE y el PNV optaron por la abstención.
El contexto político cambió a comienzos de este año, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prohibiría a los grandes inversores y compañías adquirir viviendas unifamiliares en su país. Vox salió entonces a respaldar esa iniciativa, que en apariencia guarda similitudes con la planteada por Sumar.
El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, que fue el encargado de defender la proposición de ley fallida, señaló que, teniendo en cuenta que ahora al partido de Santiago Abascal le encajaba una medida de este tipo, volvería a llevarla al Pleno.
Según figura en el borrador del orden del día del próximo Pleno, al que ha tenido acceso Europa Press, será en esa sesión cuando se discuta y vote el nuevo texto. En este caso, al tratarse de una proposición no de ley, la iniciativa no tendrá efectos normativos directos.
Derogación de las socimis y mayor presión fiscal
Junto a la propuesta de limitar la compra de viviendas por fondos, Sumar incorpora en su proposición no de ley un apartado en el que insta al Gobierno, del que forma parte, a derogar “de forma urgente” la Ley de 2009 que regula las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi). Además, reclama establecer una carga fiscal más elevada para las empresas y fondos de inversión que poseen vivienda, en comparación con la tributación de las familias por su vivienda habitual.
El grupo plurinacional argumenta esta demanda señalando que estas sociedades sólo abonan un 1% en el impuesto de sociedades, lo que, a su juicio, ha favorecido la llegada de grandes inversores internacionales a España con el objetivo de profesionalizar el negocio inmobiliario, “mermando así el derecho a una vivienda digna”.
“España se ha convertido en el país con mayor número de socimis; quien hay detrás de esta figura son empresas, fondos de inversión como Blackstone o Cerberus, que poseen más de 1.000 millones de euros en casas y juegan a la especulación, expulsan a la gente de sus barrios y vivienda y vulneran el derecho constitucional a la vivienda”, ha zanjado el grupo.