La portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, ha censurado que la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, anunciase en el último pleno la vuelta a la tramitación de “los megaproyectos mineros más polémicos” sin un plan sectorial previo y “de espaldas” al territorio.
En una comparecencia este miércoles, Iglesias recordó que, tal y como avanzó la propia conselleira, en las próximas semanas se publicará en el Diario Oficial de Galicia una orden para sacar a concurso derechos mineros caducados, lo que permitiría reabrir proyectos “rechazados en su día por la propia Xunta”, entre ellos la mina de oro de Corcoesto, la explotación de wolframio de Varilongo, en Santa Comba y Coristanco, o el proyecto de San Finx, que afecta a la ría de Muros-Noia.
Durante su intervención, la diputada subrayó que el PSdeG “no está en contra de la minería”. Recordó que “La minería estratégica es necesaria, así lo reconoce el reglamento europeo de materias primas, y Galicia debe contar con una minería sostenible y verde, porque es una pieza clave para la autonomía estratégica de Europa, para la transición energética, para el almacenamiento de energía y para la lucha contra el cambio climático”, encuadrando esta postura en el pacto verde europeo.
Lo que el socialismo gallego rechaza, advirtió, es la “falta absoluta de planificación” con la que, a su juicio, actúa la Xunta. Iglesias sostuvo que existe un denominador común entre los proyectos de renovables, las plantas de biogás y los grandes proyectos extractivos: la ausencia de una ordenación previa del territorio. “Es una condición previa para tramitar después proyectos que tienen un impacto enorme en el territorio y en la vida de la gente, y la Xunta se saltó ese paso”, denunció.
La portavoz socialista recordó también que el propio Ejecutivo autonómico modificó la Ley del Suelo para facilitar la implantación de estas iniciativas en suelo rústico, y aceleró los procedimientos mediante las figuras de proyectos industriales estratégicos y de interés autonómico, “vaciando la capacidad de decisión de los ayuntamientos afectados”. “Eso es ponerle la alfombra roja a los promotores de megaproyectos que cambian para siempre el territorio”, resumió.
Iglesias incidió en que la Ley 3/2008 de ordenación de la minería de Galicia obliga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas como instrumento máximo de planificación en este ámbito. “17 años después, el PP sigue sin cumplir esa obligación legal. No tenemos plan sectorial minero. El Gobierno gallego está incumpliendo su propia ley, y eso es muy grave”, reprochó.
En relación con los proyectos concretos, expresó su inquietud por la posible reactivación de la mina de oro de Corcoesto, que la Xunta rechazó en 2013 por la falta de solvencia técnica y económica del promotor. Alertó de que “Estamos hablando de una explotación a cielo abierto que requiere del uso de cianuro para extraer el oro y que necesita grandes balsas para los pasivos mineros, todo eso en una zona muy próxima al Río Anllóns, con una ZEPA, espacios protegidos y muy cerca de la Red Natura”.
Esa preocupación la extendió a las minas de Varilongo, donde existe contaminación previa documentada en los embalses de la zona, así como a San Finx y Touro-O Pino.
Iglesias condensó la postura del PSdeG en tres pilares: sostenibilidad ambiental, viabilidad económica y técnica, y sostenibilidad social. Reivindicó que “No somos como el PP, que piensa que todo vale y que se puede vender todo. Pero tampoco somos los de que aquí no se puede poner nada. Lo que pedimos es planificación, rigor y equilibrio, y que las decisiones se tomen de abajo arriba, contando con el territorio, con los vecinos y con los ayuntamientos afectados”.
Asimismo, rechazó conformarse con que solo una parte de los beneficios de estas empresas, que cotizan en bolsa y son “muy potentes”, revierta en las zonas afectadas. “Nuestro territorio no se debería vender”, sentenció.
Para articular su respuesta política, Iglesias anunció que el PSdeG ha puesto en marcha un grupo de trabajo que se reunirá periódicamente para fijar la posición del partido ante estos anuncios.
La primera reunión tendrá lugar el próximo lunes y contará con alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, portavoces de la oposición y responsables socialistas de medio ambiente e industria. “Queremos ser propositivos, aportar propuestas en positivo, estar muy vigilantes y fiscalizar desde el minuto uno la actuación del Gobierno gallego cunado esa orden se publique en el DOG”, concluyó.