El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Álvaro López Barceló, ha advertido de que los organismos europeos encargados de la resolución bancaria podrían no disponer de fondos suficientes para cubrir las necesidades de liquidez de las entidades con dificultades en un escenario de crisis sistémica.
En su intervención en el “VI Congreso Internacional de Derecho Bancario”, organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Barceló ha hecho balance de la evolución del marco de resolución en la Unión Europea una década después de la puesta en marcha de la Junta Única de Resolución (JUR).
El responsable del FROB ha subrayado que “un banco puede estar bien recapitalizado tras una resolución y aún así quebrar inmediatamente tras la resolución si no dispone de recursos suficientes para hacer frente a posibles salidas de depósitos” y otras tensiones de liquidez. A modo de ejemplo, ha recordado que, en el caso de Credit Suisse, las autoridades suizas facilitaron a esta entidad y a UBS, su comprador, unos 200.000 millones de francos (216.000 millones de euros) para cubrir estas necesidades.
En este contexto, ha señalado que “en Europa, a día de hoy, con la dotación del Fondo Único de Resolución, que es importante, e incluso contando con el futuro 'backstop' por parte del MEDE, en crisis de una cierta dimensión, en crisis sistémicas, las cuantías que hay previstas podrían no ser suficientes para abordar los problemas de liquidez que pudieran producirse”.
Al analizar el marco de resolución, Barceló ha reclamado “reforzar la ejecutabilidad” del denominado 'bail in', mecanismo que permite recapitalizar una entidad con sus propios recursos, en lugar de recurrir a un rescate financiado con dinero público. Ha recordado que, aunque normativamente se contemple que parte del MREL, el 'colchón anticrisis' de los bancos, pueda absorber pérdidas, su aplicación práctica puede plantear obstáculos.
En esta línea, ha planteado configurar una capa de MREL subordinada, diferenciada del capital CET1, específicamente destinada a la absorción de pérdidas. Igualmente, ha pedido ser “vigilantes” respecto a la capacidad de los instrumentos emitidos en otras jurisdicciones, en particular en Estados Unidos, para ser utilizados en procesos de recapitalización y resultar efectivamente 'bailinables'.
En cuanto a las herramientas de resolución, ha destacado que la venta de entidades se ha consolidado en cada episodio de crisis como “la herramienta más creíble, más factible y que más problemas resuelve”, y ha remarcado que esta vía ha demostrado ser viable incluso para bancos de tamaño considerable para los que inicialmente se dudaba de su aplicabilidad.
Ha matizado, no obstante, que aunque todas las entidades cuentan con un plan de resolución que se actualiza de forma periódica, en la práctica casi nunca se ha seguido la estrategia diseñada originalmente en esos documentos. Aun así, ha insistido en que estos planes siguen siendo esenciales como instrumento de preparación.
Barceló ha abordado asimismo el debate sobre la simplificación normativa que se está produciendo en el conjunto de las instituciones europeas, defendiendo que “la simplificación debe pasar por más Europa, no por menos”.
En relación con esta discusión, ha admitido que la competitividad de la banca está condicionada por los costes de cumplimiento regulatorio, una “dimensión relevante” sobre la que hay que actuar, pero ha recalcado que también viene determinada por factores macroeconómicos, como el papel internacional del euro o el grado de integración financiera en el continente.
ABOGA POR MENOR DENSIDAD NORMATIVA
En cualquier caso, ha reclamado que el 'reporting' esté “más integrado” y se simplifique, de forma que se alineen las obligaciones de información y de supervisión. A su juicio, “debe reutilizarse toda la información que ya esté en manos de autoridades y tenemos que avanzar hacia definiciones únicas de información”.
También ha defendido una reducción de la densidad normativa, especialmente en los niveles dos y tres. Según ha explicado, “hay exceso en el nivel uno de mandatos a niveles dos y tres y posibilidades de introducir opciones nacionales”, lo que, en su opinión, se utiliza como “vía de escape” ante los desacuerdos políticos en la negociación de la normativa comunitaria y termina generando divergencias entre países y menor convergencia regulatoria.