El Consejo de Ministros tiene previsto dar el visto bueno el próximo martes, 28 de julio, a un nuevo decreto ley en materia de vivienda que contemplará la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, así como la subida del IVA de los pisos turísticos hasta el 21%.
En la última reunión del Consejo de Ministros antes del parón estival, el Ejecutivo quiere dar “luz verde” a un paquete de medidas que permita alcanzar un “gran acuerdo” en el Congreso de los Diputados para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda.
Según ha adelantado el propio Gobierno, se está ultimando un real decreto consensuado entre PSOE y Sumar que integrará propuestas “apoyadas por las distintas fuerzas políticas” a lo largo de la legislatura.
El contenido del decreto se organizará en dos grandes bloques. El primero se centrará en abaratar los alquileres, garantizar una mayor estabilidad en los contratos y perseguir el fraude en el mercado del arrendamiento.
Dentro de este bloque figuran, entre otras medidas, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la exigencia de que todos los contratos se formalicen por escrito y una serie de bonificaciones en el IRPF para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler.
Además, fuentes de Sumar han destacado que el texto incorporará una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler.
Esta prórroga reforzada podrá ser solicitada por los inquilinos cuyos contratos finalicen hasta el 30 de junio de 2028, lo que, según estas mismas fuentes, ampliará en casi un millón el número de potenciales beneficiarios. En total, desde el 21 de marzo de 2026 hasta el 30 de junio de 2028, casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares podrían acogerse a esta extensión.
El segundo bloque estará orientado a poner en circulación vivienda asequible e incorporará, entre otros aspectos, el aumento del IVA al 21% para los pisos turísticos, distintas medidas para agilizar los trámites administrativos y la reforma de la ley del suelo.
El nuevo decreto ley también incluirá una propuesta que se negociará con los grupos parlamentarios para reforzar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de evitar desahucios y garantizar que ninguna quede sin una alternativa habitacional.