España figura entre los países mejor valorados por la calidad de su marco regulatorio y por el elevado desarrollo de sus infraestructuras y servicios, con un entramado normativo considerado “sólido”. Sin embargo, el país aún tiene “margen de mejora” en la aplicación de esas normas a nivel local y en la fiscalidad empresarial de determinadas ciudades, según un informe del Grupo Banco Mundial hecho público este miércoles.
El estudio, titulado “Business Ready Subnational 2025: Spain”, ha sido elaborado por el Grupo Banco Mundial, cuenta con financiación de la Comisión Europea y ha sido presentado por ICEX. El documento examina el entorno de negocios en 17 ciudades —las más pobladas de cada comunidad autónoma— y evalúa las condiciones para las empresas en clave territorial a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la puesta en marcha hasta una posible insolvencia.
A partir de estos datos, el director del Policy Indicators Group del Grupo Banco Mundial, Norman V. Loayza, subraya que “España goza de un marco normativo sólido y uniforme”, pero también advierte de que “su aplicación práctica presenta margen de mejora en el ámbito local”.
“La falta de interoperabilidad administrativa, la elevada fiscalidad en ciertas ciudades y la necesidad de reforzar el personal capacitado para gestionar el volumen de expedientes generan disparidades de ciudad a ciudad en la agilidad de los servicios que reciben las empresas”, añade Loayza, señalando que estas diferencias impactan directamente en la experiencia de las compañías.
La secretaria de Estado de Comercio y presidenta de ICEX, Amparo López Senovilla, pone el foco en el contexto internacional “especialmente complejo e incierto” y destaca que el país “volvió a batir récords de exportación en 2025 y se consolidó como uno de los principales destinos mundiales de inversión productiva y generadora de empleo”.
Según el informe, las ciudades españolas registran, en términos generales, un comportamiento sólido en los cinco ámbitos analizados —creación de empresas, ubicación empresarial, servicios públicos básicos, resolución de litigios e insolvencia—. El documento señala además que España ha desarrollado en la última década un programa de reformas orientado al impulso empresarial, con especial énfasis en la digitalización, la transparencia y la eficiencia administrativa.
En particular, el acceso de las compañías a los servicios públicos esenciales (electricidad, agua e internet) es el área mejor puntuada de todo el análisis, con una media de 87,3 puntos sobre 100. Este resultado, según ICEX, refleja “la calidad del marco regulatorio y el alto nivel de desarrollo de infraestructuras y servicios del país”.
El organismo español destaca que el ámbito de la creación de empresas muestra un alto grado de homogeneidad entre ciudades, favorecido por reformas como la Ley “Crea y Crece” y la consolidación de la ventanilla única CIRCE. No obstante, del estudio se desprende que la ubicación empresarial constituye “el principal ámbito de mejora”, especialmente en lo relativo a permisos de construcción y trámites administrativos, donde “persisten diferencias significativas entre territorios” —de hasta diez puntos— y fuertes contrastes en los plazos para obtener licencias de obra, que oscilan entre 128 y 553 días.
El documento concluye que el tamaño de la ciudad no es el factor que determina el desempeño empresarial. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valladolid, Pamplona y Logroño logran buenos resultados en varias áreas, mientras que elementos como la eficiencia institucional y el grado de digitalización se revelan decisivos para el entorno de negocios.
En este sentido, ICEX subraya que España sobresale por avances “relevantes” en la constitución electrónica de empresas, la conectividad digital y la modernización del sistema judicial, que “han contribuido a mejorar la experiencia de las empresas en su actividad diaria”.
Al mismo tiempo, las principales trabas que detectan las compañías que operan en el país son la falta de mano de obra cualificada (35%), la regulación laboral (18%) y la carga fiscal (16%), de acuerdo con las “World Bank Enterprise Surveys”, que recogen la visión del sector privado.
“El informe confirma que España está avanzando con paso firme en modernización, digitalización y mejora del entorno regulatorio, factores clave para reforzar la competitividad de nuestras empresas y seguir atrayendo inversión internacional”, concluye López Senovilla.